La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, y el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Plasencia, han firmado este viernes el plan de empleo social por el que ambas administraciones invertirán un total de 45 millones de euros en 2016 y 2017.
Para este ejercicio, la aportación de los ayuntamientos será de 12 millones, mientras que el Servicio Canario de Empleo (SCE) cubrirá los 10 millones restantes, y el documento fija como prioridad a las mujeres, los parados de larga duración y los mayores de 45 años.
Plasencia ha explicado a los periodistas que el plan viene como "agua de mayo" a los municipios porque servirá para atender la prestación de algunos servicios y especialmente, porque otorgará recursos a familias que lo están pasando mal durante la crisis.
El objetivo es llegar a casi 3.600 beneficiarios y en 2017, a más de 3.000, en línea con lo que se hizo en 2014, con más de 3.500 personas. Los requisitos para optar al plan, ha comentado, son no haber participado en ediciones anteriores y llevar inscrito en las oficinas del SCE seis meses como mínimo.
Hernández, por su parte, ha destacado el "empeño personal" de los alcaldes por impulsar este plan dado que son quienes conocen "el nombre de los que peor lo están pasando", y cree que es una gran herramienta porque permite capacitar e ilusionarse a los beneficiarios, y de hecho, esa es la filosofía que se quiere introducir también con la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que se ligue a la consecución de un empleo.
En cuanto a las críticas de algunos alcaldes del PP, --el de Los Realejos, Manuel Domínguez ha hablado de "atraco"--, ha dicho que "nadie está contra", y ha aclarado que "una cosa es el discurso en la prensa o en el Parlamento", y otra las "llamadas telefónicas" para ver como se puede ayudar a los vecinos. "Hay unanimidad de seguir con el plan", ha destacado.