Solo tres regiones españolas cumplieron en 2015 con el objetivo de déficit, y únicamente una de ellas, Canarias, lo hizo pese a celebrar elecciones autonómicas ese año. Las Islas se situaron al cierre de 2015 como la comunidad con menor déficit público del Estado, que se cifró en el 0,54% de su Producto Interior Bruto –un desfase entre gastos e ingresos de 228,5 millones de euros–, casi dos décimas por debajo del objetivo del 0,7% previsto para el conjunto de las comunidades autónomas, según los datos difundidos ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Las otras dos autonomías cumplidoras –Galicia y País Vasco– no vivieron procesos electorales el pasado año.
El déficit del conjunto de las administraciones del país fue de 55.755 millones de euros, equivalentes al 5,16% del PIB, casi un punto por encima del 4,2% pactado con Bruselas. Montoro explicó en rueda de prensa que esta desviación se debe “prácticamente” a las comunidades autónomas, que se han alejado de su objetivo en casi un punto (1,66% del PIB respecto al 0,7% pactado). Por ello, advirtió de que el Gobierno tomará “medidas”.
El Ejecutivo canario ha conseguido cumplir en 2015 con el objetivo de déficit por cuarto año consecutivo, a pesar de ser, según destacó la Consejería de Hacienda en un comunicado, la más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica y una de las menos endeudadas en relación al PIB y por habitante del Estado
La consejera Rosa Dávila reiteró su desacuerdo sobre el reparto del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas, al reservarse el Gobierno de España el mayor déficit, el 2,9% frente al 0,7% de las regiones, cuando son estas las que prestan los servicios públicos esenciales y las que han realizado un mayor esfuerzo. Dávila reclamó que se condonen las devoluciones pendientes del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) en la misma cuantía que ha dejado de percibir Canarias respecto a la media española, en el actual sistema de financiación. “Tenemos un modelo –agregó– que tenía que haber sido revisado en 2014 y que supone la pérdida de 700 millones de euros anuales”.
La medida no afectaría al déficit público nacional “y compensaría a aquellas comunidades infrafinanciadas por el Estado y, además, cumplidoras”, dijo.