El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias no ha sido consultado por el Gobierno sobre el destino de los fondos procedentes del acuerdo alcanzado con el Estado para dejar de compensarle por el desaparecido Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Pero si lo hubiera hecho, la respuesta del órgano presidido por Fernando Redondo habría sido que la prioridad son "las áreas que han sufrido una restricción brutal", es decir, los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia.
Así lo reveló ayer en declaraciones a Radio El Día el propio Redondo, que opinó que los proyectos incluidos por los ayuntamientos en la lista de actuaciones que serán financiadas con este fondo "no son prioritarios". "Hay un parquin, una depuradora...", dijo.
El presidente del CES considera que el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, cometió un error al hablar en un primer momento de un "reparto" de los fondos, y añadió que esta equivocación ha sido el origen de la polémica generada por este asunto. "Si hubiera dicho que el dinero iba para un plan sanitario o para cubrir los grandes problemas de la educación o la dependencia, nadie habría dicho nada". A su juicio, Clavijo "abrió la caja de los truenos" al anunciar que habría una distribución de los recursos con unos criterios aún sin definir. "Si no tenía claro cómo distribuirlo, no tenía que haber dicho nada", apuntó. La postura de las administraciones entonces la definió Redondo con estas palabras: "A ver cómo quedo yo".
"Nadie nos ha preguntado a nosotros -admitió el presidente del órgano consultivo-, pero si lo hubiera hecho le habríamos recomendado cubrir las áreas en las que ha habido una mayor restricción".
Fernando Redondo se refirió también a la "mala noticia" que supone que el déficit público español se haya situado al final de 2015 un punto por encima del objetivo pactado por el Gobierno central con las autoridades europeas. En su opinión, este incumplimiento "va a dificultar mucho" que se revise el sistema de financiación autonómica, una reivindicación que esgrime Canarias, que es una de las tres comunidades que ha conseguido mantener el déficit bajo control.
El hecho de que el Archipiélago haya sido "el bueno de la clase" -en alusión a que lleva varios años satisfaciendo el objetivo marcado- no ha supuesto un beneficio para la región, según Redondo. Canarias es, destacó, una de las comunidades autónomas "que más solidaridad necesita de toda España", tanto por los elevados niveles de paro como por las dificultades que tiene para salir de la crisis.
La complejidad de modificar el sistema mediante el que el Estado financia los servicios públicos no obedece únicamente al revés que ha representado el mal comportamiento del déficit -que el Ministerio de Hacienda ha atribuido a las comunidades autónomas-, sino también a la resistencia que pueden ofrecer ejecutivos regionales que se sientan perjudicados con el cambio.
Decepción con el debate de la nacionalidad
El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias cuestionó ayer la importancia de los contenidos que centraron el primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de la legislatura, celebrado entre el martes y el jueves en el Parlamento regional. A juicio de Fernando Redondo, ni la Ley del Suelo ni la reforma del sistema electoral ni el IGTE constituyen "una demanda social", ni tampoco son proyectos que contribuyan a "cambiar el modelo económico", que según el presidente del órgano consultivo es una de las prioridades que afronta el Archipiélago. La misma carencia le achacó al plan de desarrollo que será financiado con los fondos del IGTE.