La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Patricia Hernández, aseguró ayer que en pocos días trasladará a los siete cabildos el convenio de dependencia, negó que haya "sectarismo" en la gestión de plazas de dependencia en el Archipiélago, ya que se ha dicho "sí a todo" a las propuestas planteadas por cabildos y municipios.

"A partir de ahora se pactan las plazas con los siete cabildos, se elabora el documento y se reenvía. Creo que en el día de hoy (por ayer) o el lunes a más tardar ya está el articulado hecho y remitido a los cabildos. Una vez acabado y enviado, cualquier plazo o modificación no será atribuible al Gobierno de Canarias. Después los cabildos tendrán que llevar su documento al Pleno y nosotros con el trámite correspondiente", explicó.

"No hay problema con el dinero, que está presupuestado y, además, este año tenemos un aumento de 9 millones para dependencia y discapacidad", señaló.

Patricia Hernández valoró el esfuerzo presupuestario que están llevando a cabo "tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos" e insistió en que si hay retrasos no son atribuibles al Ejecutivo regional, ya que en el caso del Cabildo de Tenerife es "complejo pedir que se firme si en un mes han pedido modificaciones. El año pasado no estaban aprobados antes de junio".

Destacó que todas las plazas de dependencia solicitadas por los cabildos están dentro del convenio y que el incremento de plazas es mayor este año que en la legislatura anterior. "Para este año hay 823 plazas adicionales, un crecimiento mayor que en toda la legislatura pasada. Hemos hecho todo lo posible para ampliar el número de dependientes atendidos dentro del convenio".

La vicepresidenta también comentó: "No estoy aquí para hacer del espacio común un espacio de enfrentamiento y convertir la política en un campo de batalla, sino para solucionar los problemas de los ciudadanos".

Por último, sobre la falta de justificación de tres millones del Cabildo de Tenerife, indicó que es una certificación de la Intervención que está recogida en una respuesta parlamentaria, pero no hizo valoraciones sobre "si se gestiona el convenio bien o mal".

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, en una comparecencia ante los medios de comunicación, aseguró ayer que no admite "más demoras ni dilaciones" con la firma del convenio de dependencia. Alonso aseguró que la Corporación insular remitió la documentación pertinente el pasado 21 de enero y, "a comienzos de abril, aún no hay fecha" de la firma del convenio.

Alonso pidió a la vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, que se deje de "sectarismos y de visitas" y que "se ponga a trabajar" para la citada firma del convenio.

El titular de la Corporación tinerfeña se lamentó de que el retraso en la firma de los convenios obliga a los cabildos a prefinanciar el sistema de dependencia desde el 1 de enero, un coste que en el caso de Tenerife es de 40 millones de euros

A ese gasto añadió que se suma una partida presupuestaria de 8 millones de euros para infraestructuras sociosanitarias en Tenerife ante la falta de financiación por parte de la Comunidad Autónoma.

"No admitimos más demoras ni dilaciones"

Carlos Alonso también criticó el retraso en la puesta en marcha de la nueva Ley de Servicios Sociales y descartó que el futuro plan de infraestructuras sociosanitarias se acometa con cargo al fondo del IGTE, sino con los recursos ordinarios del Ejecutivo autónomo. "Todo no lo podemos financiar con el IGTE, que va a inversión productiva, políticas de I+D+i o políticas activas de empleo", manifestó.

Dijo que el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, "opina lo mismo" que él en el asunto del convenio de dependencia, por lo que instó a Hernández a que "trabaje, se arremangue y responda a las peticiones de los cabildos, que están soportando una parte importante de la dependencia, haga menos visitas y que trabaje un poquito más".

Señaló que el Cabildo tinerfeño opera acorde a lo que marca la ley, aunque va a preguntar a la Consejería cómo realizan el resto de cabildos las liquidaciones para saber si hay "un trato discriminatorio". "Yo defiendo el interés de la Isla, esté quien esté en el Gobierno", sentenció.