Son operaciones difíciles de entender desde la lógica ciudadana en contraposición con algunas decisiones oficiales. Ha saltado un escándalo laboral que ha removido el fondo y la forma de una infraestructura social precaria y vulnerable.

El brutal despido de una trabajadora del albergue municipal por sustraer dos panecillos duros y 150 gr de queso amarillo para la cena de sus hijas de 8 y 11 años, porque tenían la nevera vacía, ha suscitado un movimiento cívico de indignación y repulsa contra la prepotencia y abuso por una actuación exenta de un mínimo de sensibilidad humanitaria, la que en teoría corresponde a quienes son responsables de los Servicios Sociales en los distintos niveles.

El suceso, con amplísima difusión mediática, induce a la reflexión más objetiva posible en favor de un criterio fiable y ajustado a la estricta realidad. A tal fin, es imprescindible informarse de las circunstancias y matices que rodean el caso para compartir opiniones y cotejarlas entre sí.

A este respecto aparecen evidencias incuestionables. Por ejemplo, la reacción de la empresa Serunión, concesionaria del servicio de catering del albergue que ha expulsado a la trabajadora con una carta de despido redactada con una crueldad y ensañamiento inusitados.

Directivos de esta empresa, sorprendidos por el masivo escándalo mediático provocado, con el que quizá no contaban por correlación con situaciones similares, han rechazado dar la cara ante los medios de comunicación que se lo han solicitado con insistencia y han optado por cobardes comunicados de prensa en los que intentan justificar la despótica medida con falsas acusaciones, injurias y calumnias contra la víctima sobre una supuesta reiteración de infracciones sin documentar, en una actuación denigrante que se descalifica en automático ante quienes pretenden convencer a su favor. ¿Alguien desinteresado y normalmente informado puede creer que de ser ciertas las acusaciones a posteriori no se habrían incluido en la carta de despido inicial?... Por favor.

Con el propósito de recabar información fiable sobre la entidad de esta empresa, no hay más que asomarse a Google para descubrir el histórico de malos tratos laborales, despidos improcedentes y atentados contra la salud pública, de sopa con larvas en comedores escolares, una cuchilla entre la comida y tuercas y tornillos en platos mal servidos.

¿Cómo vino a parar aquí este negocio? ¿Qué clase de concurso se convocó para contratar sus lamentables servicios? ¿Por qué no se investigaron sus antecedentes por los responsables de Servicios Sociales? Eso sí, con tanta infamia ejerciente, al parecer, esta "multinacional" factura 300 millones de euros al año. Desde luego, Canarias no merece esta indignidad.

En un intento de eludir responsabilidades, cual es lo habitual ante cualquier error administrativo, nuestros representantes municipales tratan de minimizar los efectos mediáticos en su contra, alegando "que se trata de una empresa privada y que no tiene nada que ver con ellos", aunque con aparente firmeza le "exigen" que suspenda el despido y se readmita a la empleada. ¿Cómo va a ser esa la solución cuando la víctima, aterrorizada por el trato recibido, volvería a meterse en las fauces de sus depredadores?

Por desgracia, miles de casos como este pasan inadvertidos con la consiguiente impunidad de los malhechores. Por fortuna, en este caso no se confirma dicha regla porque se cumple, una vez más, la evidencia de que "solo la ciudadanía está capacitada para resolver sus propios problemas". Con el valor añadido de los medios de comunicación, que se han volcado masivamente en favor de los principios morales de la parte más desamparada, como corresponde a los valores éticos de una información veraz y comprometida.

La vergüenza ajena por actitudes denigrantes se compensa con el orgullo de pertenecer al Pueblo, con mayúscula y en su más amplio sentido de dignidad intocable. Gracias.

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