El pleno del Congreso ha aprobado hoy por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones, la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) de un conflicto de atribuciones contra el Gobierno en funciones por su negativa a someterse al control parlamentario.
La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos parlamentarios salvo el PP, se produce después de que dos ministros no acudieran a sendas comparecencias en comisión a la que estaban convocados, al entender que no tienen obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no le dio su confianza.
No obstante, y antes de que el conflicto de atribuciones llegue formalmente al Tribunal Constitucional, el Gobierno en funciones tiene un mes para responder el requerimiento del Congreso y revocar su decisión de no someterse al control de la Cámara.
En el caso de que el Ejecutivo no responda en ese plazo o se niegue a plegarse a la solicitud del Congreso, los servicios jurídicos de la Cámara registrarán el recurso en el alto tribunal.
A la votación de la iniciativa ha asistido buena parte del Gobierno en funciones, aunque no el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que hoy precisamente ha comparecido ante el pleno para dar cuenta de las últimas decisiones de la UE sobre la crisis de los refugiados.
En defensa del recurso, el portavoz de PSOE, Antonio Hernando, ha señalado que lo que defiende esta iniciativa es "la democracia misma", por lo que ha asegurado que hoy es el "día de la dignidad del Parlamento".
Hernando ha argumentado que la "rebeldía declarada" por el Gobierno en funciones y su "desprecio" a dar cuenta a los ciudadanos pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional.
"No es solo la ley, sino la democracia misma lo que pretendemos defender", ha proclamado el portavoz socialista para rechazar las críticas del PP de que la iniciativa surge por oportunismo político.
Por contra, el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado que la "verdadera intención" de la iniciativa es "desgastar" al Gobierno de Mariano Rajoy y conducir a la Cámara "a un escenario de precampaña" en contra "de todos los precedentes jurídicos y parlamentarios".
Tras recordar que en Cataluña y en Andalucía no hubo sesiones de control cuando sus gobiernos estuvieron en funciones tras las últimas elecciones, Bermúdez de Castro ha recordado que "la ley es igual para todos y su aplicación no depende del criterio de la mayoría".
"Pueden ganar esta votación, pero no por ello tienen asegurada la razón y, mucho menos, el respaldo de los españoles, que están perplejos por el continuo espectáculo teatral y el sinfín de fotos y reclamaciones de sillas", ha dicho el diputado del PP en alusión a las negociaciones para formar gobierno entre PSOE, C''s y Podemos.
Bermúdez de Castro ha pedido a los grupos promotores de la iniciativa que reflexionen y comprendan que el Gobierno no tiene capacidad para someterse al control parlamentario.
"Todo lo demás es teatro y humo", les ha reprochado.
Plazos sobrepasados por las previsibles elecciones
El Gobierno de Mariano Rajoy dispondrá de un mes natural para justificar al Congreso de los Diputados su negativa a someterse al control parlamentario, antes de que la Cámara Baja recurra al Tribunal Constitucional esta decisión.
Todos los grupos de Congreso, a excepción del PP, apoyaron este miércoles en el Pleno un escrito para poner en marcha el procedimiento de acudir al Alto Tribunal para que se pronuncie sobre la negativa del Ejecutivo en funciones del PP de rendir cuentas ante la Cámara Baja.
Un texto que ahora deberá pasar por la Mesa del Congreso para que dé traslado al Gobierno, quien, a raíz de su recepción, dispondrá de un mes para justificar su posición antes de que la Cámara presente formalmente el conflicto de atribuciones ante el Constitucional. Por tanto, el Ejecutivo del PP en funciones tendrá previsiblemente hasta principios de mayo para atender el requerimiento de la Cámara, y si agota ese plazo para entonces ya se sabrá si se repiten o no las elecciones generales.
Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el procedimiento arranca con el acuerdo del Pleno del Congreso y una vez que se reciba el escrito de la Cámara el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.
También durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento, si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado".
Durante el proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas. Es decir, el proceso podría alargarse dos o tres meses.