Al gerente de Visocán le han desautorizado desde el propio Gobierno canario por escribir una carta pidiendo que se cumpla la ley. Así son los tiempos que corren. El responsable de la empresa pública canaria pidió al IMAS de Santa Cruz que deje de mediar para proporcionar acometidas de agua y luz a los ocupas ilegales de viviendas públicas que están por adjudicar.

Estamos ante la colisión de los derechos y las necesidades. Una familia con hambre que roba alimentos en un supermercado está cometiendo un delito, por mucho que podamos entender por qué hace lo que hace. La pulsión de la necesidad promueve que entendamos las razones de las personas y que, en algunos casos, nos identifiquemos con ellas. Pero las sociedades funcionan porque se dotan de normas que todo el mundo debe cumplir.

Las personas o familias que ocupan por la fuerza y de manera ilegal una vivienda pública vacía están privando de acceder a ella a otra familia con similares o mayores necesidades, pero que está aguardando disciplinadamente a que se le conceda oficialmente. Salvo que se quiera instaurar la ley de la selva, la del más fuerte, más rápido, más hábil o más desesperado, la administración tiene que hacer cumplir las reglas a todos los ciudadanos.

Pero transitamos otra latitud moral que tiene más relación con la imagen política y el buenismo inmediato. El correlato de la gestión pública no es la ley, son los informativos. Los gerentes que echan a una humilde trabajadora por robar 150 gramos de queso o piden que no se le dé ni agua ni luz a quien ha violentado una propiedad pública no hacen más que aplicar la legalidad. Sed lex, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y aunque del árbol se ve la copa, también tiene raíces. Una mujer que roba pan y queso para sus hijos es porque probablemente no pueda mantenerlos con un salario de 400 euros en una isla que tiene una de las cestas de la compra más caras de España. Una familia que ocupa una vivienda pública vacía, sabiendo que a la larga terminarán echándolos, seguramente esperaría si tuviera la expectativa de acceder a alguna de forma legal. El veneno está más en la causa de las cosas que en sus efectos.

En Canarias tenemos unas ciento veinte mil viviendas vacías en un parque que ha caído de precio. Sería un buen momento para que las administraciones procedieran a adquirir las que necesitan para atender a los más de treinta y pico mil solicitantes que esperan por un techo en las islas. Ni siquiera tienen que construirlas, ya las tienen hechas. Pero en materia de vivienda -también- padecemos ese viscoso fango que parece rodear el ejercicio político en el que los problemas son, antes que nada, un espacio de oportunidad para joder al prójimo del partido contrario. Vamos a dedicarnos por unos días, entonces, a roer el hueso de la carta de Visocán mientras lo importante, la pobreza y sus derivados, se difumina allá atrás del teatro de la demagogia. La lluvia seguirá sonando triste en los techos de uralita.