El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aseguró ayer que cuando la empresa pública Visocan exige a la corporación que deje de pagar el agua y la luz de quienes ocupan viviendas públicas "parece" que defiende que se deje en la calle a esas personas.
Bermúdez admitió que ha sido "una sorpresa" recibir en la Concejalía de Asuntos Sociales una carta en la que se advierte de la posibilidad de tomar acciones legales por ayudar a personas que estén en situación de necesidad.
Según el alcalde, es "normal" ayudar a esas personas, al tiempo que agregó que cuando alguien ocupa una vivienda de forma ilegal, si en el inmueble hay agua y luz "el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da ayudas a esos ciudadanos para que puedan seguir pagando", informó Efe.
En este sentido, el regidor de la capital indicó que hacer lo contrario "no se entendería". "Y parece que eso es lo que defiende Visocan", remarcó.
El alcalde cree que hay que actuar "como lo hace el ayuntamiento desde hace cinco años", y explicó que se trata de convencer a esas personas para que salgan de unas viviendas ocupadas de forma ilegal, "pero de manera que se les dé una alternativa en forma de alquiler social en otro lugar".
Bermúdez criticó que desde Visocan, cuya presidenta es la vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández (PSOE), se les diga que por hacer las cosas "como hay que hacerlas, iniciarán acciones legales".
"Pues nos veremos en los tribunales", señaló el alcalde, quien subrayó que lo que no hará el ayuntamiento es exigir a las entidades financieras que cumplan el protocolo antidesahucio y no aplicarlo la corporación.
Al respecto, comentó que si la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda desconocía la carta -tal y como aseguraron fuentes del departamento regional la tarde el martes-, "ella sabrá los problemas que tiene" en su Consejería porque se trata de un escrito "oficial". "Me cuesta pensar que no tuviera conocimiento de ello", dijo, en cualquier caso.
En esta línea, el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, también se desmarcó de la línea expresada por el gerente de Visocan, Víctor N. González, al que señaló como "único responsable" de la polémica, y aplaudió la "reacción" de su partido al respecto.
"Es una política diametralmente opuesta a la que viene haciendo la Consejería", remarcó Martín, quien acusó también al gerente de "equivocar el objeto". "No puede pedir al ayuntamiento que corte el agua y la luz porque es un delito", advirtió el concejal socialista.
José Ángel Martín enfatizó que "le gusta" la política de la Consejería de Vivienda, "porque esta situación no se soluciona con imposiciones, sino con diálogo". "Hasta que se corrijan las causas no se va a solucionar el problema", dijo.
Asun Frías, concejal de Sí se Puede, fue incluso más allá y pidió la "destitución" del gerente de la empresa pública. "O que dimita", comentó. "Un responsable público como ese debe tener sensibilidad con las personas que no tienen una vivienda", subrayó la edil.
A su juicio, "mirar el asunto desde un punto de vista empresarial privado no es de recibo".
La edil de la oposición consideró que "todas" las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo para que todas las personas tengan las necesidades básicas cubiertas.