El CSO Taucho admitió ayer que el inmueble que ocupa en el número 64 de la calle General Serrano, del que estuvieron a punto de ser desalojados este martes, "no se encuentra en condiciones de habitabilidad".

Aunque según Cristian Santana, uno de los portavoces, "nunca" han negado este extremo, el asunto ha cobrado actualidad tras conocerse la existencia de un informe del ayuntamiento que cuestiona la seguridad, en este caso de la fachada, del edificio.

En un documento elaborado por el colectivo, con el asesoramiento de una arquitecta, se reconoce que debido al estado que presenta el inmueble "se están tomando medidas de seguridad preventivas", a la espera de una resolución de alquiler social favorable para poder comenzar con la rehabilitación "autogestionada" de la vivienda.

Según este informe técnico, en el que se reconoce también el "notable deterioro del inmueble", los principales problemas se concentran en la estructura de madera, afectadas por una plaga de termitas, y en la fachada "interna" no estructural, que presenta una "grieta diagonal" en el cuarto de acceso a la azotea.

No se aprecian "daños importantes", sin embargo, en los muros de carga, aunque sí se observa que tienen una composición "heterogénea".

El mismo documento recoge las medidas que se han puesto en marcha ya por parte del colectivo para frenar ese deterioro, entre las que figura el tratado de la madera para controlar la plaga y el apuntalamiento de la escalera interior. "Lo urgente es la seguridad", reconoció Santana.

Al respecto, el portavoz del CSO Taucho mostró su "extrañeza" por la preocupación que han mostrado estos días las administraciones por el estado de la vivienda, "cuando estaba increíblemente peor en el año 1977", momento en el que se firmó el traspaso de la titularidad a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Con todo, avanzó que presentarán y darán registro oficial en las próximas semanas a otro documento "más extenso" con todos los detalles de lo que sería "la hoja de ruta" y las "recomendaciones técnicas" que ha realizado la arquitecta que los asesora para las obras de rehabilitación del inmueble, que fue construido a principios del siglo XX.

Se trata de lograr "una rehabilitación colectiva, autogestionada y respetuosa" que convierta el edificio en un proyecto arquitectónico de calidad en Tenerife.

Junto a la propuesta técnica, CSO Taucho pretende sumar una alternativa de contrato con el propietario de la vivienda y con el ayuntamiento en el que se recoja una cláusula que "exima" a las dos administraciones de cualquier responsabilidad en la mejora y gestión del inmueble. "Sería exclusividad de la asamblea del centro y de los técnicos que nos asesoran", precisó Santana.

"Lo único que pedimos al ayuntamiento es que si entiende que el proyecto, como una alternativa más de forma de vida, debe existir dentro del municipio, entonces tendrá que poner todo lo que esté en su mano para que exista, sin que ello implique nada para el CSO Taucho", añadió.

Es decir, que el colectivo "rechaza" cualquier tipo de subvención al respecto, una cuestión que choca con la idea que se ha defendido estos días de que el consistorio subvencionaría el alquiler del inmueble para que Taucho pudiera seguir ocupando la vivienda. "Defendemos el proyecto como tal. No queremos esa relación", remarcó Cristian Santana.

Esta será la "cuarta propuesta" que realizan los miembros del CSO Taucho para presentar a las administraciones, una de las cuales fue, incluso, aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz. Ninguna de ellas ha tenido, hasta el momento, una respuesta oficial.

"Presión para que firmemos cualquier cosa"

En un comunicado remitido ayer, el CSO Taucho consideró que la "preocupación" mostrada estos últimos días por las administraciones responde a un intento de "evitar" la confrontación ideológica. "Por un lado, porque si fuera real, la casa lleva abandonada desde finales del franquismo y, por ende, tiempo han tenido para solventar dicho problema. Y, por el otro, porque dicho interés llega casualmente tres meses antes del vencimiento de los permisos legales que la Tesorería posee para desalojarnos por vía judicial". A juicio del colectivo que desarrolla su actividad en el número 64 de la calle General Serrano, "tanto el tercer intento de desalojo como la inesperada preocupación por el estado del inmueble son elementos de presión para que firmemos cualquier cosa".

"Defendemos el proyecto y no el espacio. Subvencionarnos para alquilar sería reconocer el sitio, y no el proyecto. Decimos, frente a las lógicas de relación mercantil que rigen los actuales espacios de ocio y cultura, que planteamos alternativas que se liberan de la obsesión por el consumo de cualquier índole. Sin pretensión de que sea la única, o la que esté por encima de todas. Pero sí con voluntad de que se reconozca su legitimidad. Y si el ayuntamiento así lo entiende, que ponga todos los cauces que estén a su alcance para solventar la problemática. Y si no lo entiende así, que nos echen", aseguró.