Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron hace un mes al entonces secretario general insular de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT, V.R.Q.L., de 59 años, como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Junto a este acusado fueron arrestados su sobrino, J.M.Q., de 34, y la pareja de este, V.C.C.C., de 33, por el mismo delito.

Según las fuentes consultadas, el mencionado cargo de UGT presuntamente aprovechaba los puntos generados por el uso de teléfonos móviles de la organización sindical en Tenerife para encargar otros terminales de telefonía y tabletas, que después sus colaboradores revendían en tiendas de segunda mano para obtener un lucro personal.

La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Cuando se produjo la apertura del sumario y otros cargos orgánicos del sindicato se enteraron de las presuntas irregularidades cometidas por V.R.Q.L., le preguntaron por los hechos, que supuestamente reconoció, y le solicitaron que dimitiera de todos sus cargos, según manifestaron a EL DÍA las referidas fuentes.

Y ese mismo día el ya exsecretario general insular de la FSP abandonó todos sus puestos de responsabilidad en la organización y, evidentemente, dejó de estar liberado. Además, está suspendido de militancia en el histórico sindicato.

Según informó ayer la Comisaría Provincial, se estima que las operaciones ilícitas realizadas rondan los 35.400 euros. Entre febrero de 2013 y septiembre de 2015, la Policía cree que pudieron "desviar" 118 dispositivos.

La operación se inició a comienzos de octubre del pasado año, cuando los funcionarios policiales tienen conocimiento de la existencia de dos personas que estarían vendiendo grandes cantidades de teléfonos y tabletas PC, de alta gama, en tiendas de segunda mano de la capital tinerfeña. Dichos dispositivos serían propiedad y provendrían de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Tenerife (UGT), y estarían presuntamente siendo desviados por una tercera persona que ocuparía un cargo en el referido sindicato a nivel provincial.

Tras meses de investigación se comprueba la existencia de un mercadeo de dispositivos de telefonía móvil propiedad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, con una clara intención: lucrarse a costa de la citada organización. Las pesquisas presuntamente demostraron que V.R.Q.L. aprovechaba su cargo (que le autorizaba para gestionar recursos a nivel provincial) para hacer pedidos de dispositivos a una conocida empresa de telefonía, supuestamente para ser usados como móviles corporativos del sindicato.

Pero una vez que los terminales llegaban a la isla, el sobrino del dirigente acudía a un distribuidor de la empresa de telefonía y, supuestamente, con una autorización firmada por su tío en nombre de UGT, los recogía a "coste cero". Todo ello, solo a cambio de firmar un contrato de permanencia (por cada terminal) con esa compañía. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos a la espera de juicio.