La gran cuestión política de Canarias es ahora la reforma del sistema electoral. Es una consecuencia de la endogamia en la que viven los partidos, ocupados en sus propios asuntos. El Parlamento ha creado una comisión especial para debatir la modificación del sistema de elección de diputados. No hay, que yo sepa, una comisión especial para estudiar la extinción del sector exportador del tomate. Ni para debatir un pacto por el empleo. Ni para analizar los precios abusivos del transporte aéreo. Todo es menos importante ahora que discutir el número de escaños en donde sienta cada isla a sus representantes. Son más relevantes los culos que las témporas.
En la transición política, los recelos y enfrentamientos internos de Canarias se resolvieron con una salomónica norma que estableció un sistema de triple paridad. Es decir, los diputados se otorgaban más por circunscripciones territoriales insulares en vez de por número de habitantes. Canarias tiene sesenta diputados: 30 de las islas menores y 30 de las mayores. El primer diputado de El Hierro costó 2.500 votos frente al primero de Gran Canaria que costó 79.000. Claro que el primero de Tenerife costó 106.000. El kilo de señoría nunca vale lo mismo. Depende de las circunscripciones. Pero las islas menores están muy favorecidas. Y casualmente las menos habitadas son las de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro, que tienen, con menos población, los mismos diputados que Lanzarote y Fuerteventura.
Quienes proponen la reforma del sistema electoral quieren que el peso poblacional otorgue más escaños. Es decir, más poder. Lo que supondría el entierro del sistema de equilibrios pactado en su día. La comisión estudia, pues, una reforma que otorgue más votos a quienes tienen más votantes, con lo que la provincia de Las Palmas saldría francamente beneficiada. Antonio Morales, el indiscutible líder del insularismo grancanario, levanta continuamente esa bandera en la esperanza de acercar a sus posiciones a majoreros y conejeros. Pero en las islas menores miran con escepticismo cualquier cambio del actual modelo
Estamos ante una nueva y previsible carajera donde ni las islas menores se fían de las grandes, ni las grandes entre sí, ni una provincia de la otra. Es el sistema de la "triple desconfianza" que tendrá que gestionar la probada ineptitud de la política contemporánea. Nada bueno saldrá de ningún cambio.