La cooperativa Transporte Insular de La Palma, que se encarga del servicio regular de viajeros, ha advertido al Cabildo, a través de las alegaciones presentadas a las cuentas de 2016 y que han sido rechazadas, que el presupuesto insular no cuenta con partidas suficientes para una necesaria renovación de la flota de guaguas, ni tampoco para hacer frente al coste de los bonos de viajes sociales.
La empresa asegura que desde el año 2012 "tan solo se ha adquirido un vehículo" para su parque móvil, "lo que lleva aparejado un envejecimiento de la flota del servicio regular", entendiendo que la partida que se reserva para el contrato programa de transporte para este año tampoco recoge crédito suficiente para las necesidades de renovación de las guaguas. Apenas hay dinero "para un vehículo de 55 pasajeros o para aproximadamente dos micros", dice el gerente de la compañía, Juan Cristóbal Hernández.
El jefe de servicio de la oficina presupuestaria del Cabildo de La Palma solicitó un informe a la responsable técnica de Transporte sobre la alegación presentada por la cooperativa de guaguas. A propósito, se señala la adquisición de un vehículo volvo a finales de 2014, tras decreto del consejero del área en aquel momento, como única incorporación a la flota del servicio regular en los últimos cuatro años.
Sin embargo, la jefa de servicio de Transporte aclara que desde el año 2012 "no hay ningún convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias donde se exija el mantenimiento de un máximo de antigüedad en la flota destinada al transporte regular". Por tanto, la institución insular no está comprometida a satisfacer la exigencias o advertencia de la empresa sobre la renovación de flota.
Otra cosa diferente es cómo estén los vehículos y las necesidades reales que puedan existir para ofrecer un servicio con garantías a los usuarios.
La cooperativa de guaguas también planteó que en los presupuestos insulares para 2016 no se contempla la partida necesaria para el gasto que anualmente conllevan los bonos de transporte social. A propósito, subraya que se destina un millón de euros, cuando "el gasto consolidado de los últimos cuatro años supera el millón y medio de euros", por lo que "se trata de una financiación insuficiente para atender esta obligación", cuando además durante el último ejercicio "se han ampliado los colectivos con derecho a transporte gratuito".
Sin embargo, el informe técnico emitido al respecto hace hincapié en que "no existe ningún convenio entre el Cabildo de La Palma y el operador de transporte en el que recoja el compromiso de abonar una cuantía estipulada cada año. Al tratarse del uso de transporte regular por el colectivo de beneficiarios, es un cuantía variable. Por este motivo, se hacen modificaciones presupuestarias al final del ejercicio".