El estatus político del Sáhara Occidental (en adelante Sáhara) y la cuestión de su soberanía son motivo de controversia. Este territorio es uno de los dieciséis integrantes de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización. Marruecos reclama su soberanía, pero esta soberanía no la reconocen ni la ONU ni ningún país del mundo.

Veamos. Tras el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de La Haya, dependiente de la ONU, que negó derechos de soberanía del Sáhara a Marruecos y Mauritania, el Gobierno marroquí, no conforme y tergiversando el dictamen, anunció y ejecutó la invasión del territorio con la llamada Marcha Verde. El Gobierno español, con Franco moribundo y presionado internacionalmente, decidió proponer el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado el 14/11/1975. Por este acuerdo, España llevó a cabo la liquidación efectiva de su administración en dicho territorio mediante la transferencia de una administración temporal tripartita a favor de España, Marruecos y Mauritania. En este acuerdo no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara ni se confirió a ninguno de los tres signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía transferir unilateralmente, ya que, según el Derecho Internacional y para la ONU, una potencia administradora no puede abandonar unilateralmente sus responsabilidades en un territorio no autónomo.

El 26/02/1976, coincidiendo con la salida de los últimos militares españoles del territorio, el Gobierno español comunicó al secretario general de la ONU que a partir de dicha fecha daba por terminada su presencia en el Sáhara, haciendo constar que desde ese momento se consideraba exento de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del territorio, puesto que había cesado su participación en la administración temporal establecida para el mismo, dejándolo de hecho bajo la administración de Marruecos y Mauritania en las zonas que cada uno de ellos controlaba en función del Acuerdo de Madrid. Tras el abandono del territorio por Mauritania, en 1979, Marruecos ocupó y administra también la zona mauritana. Pese a ello, Marruecos no figura como potencia administradora del Sáhara en la lista de la ONU. Es decir, el Ejecutivo español cree que tras el reparto del territorio a Marruecos y Mauritania y su retirada del mismo se desliga de toda la responsabilidad administrativa que le corresponde, pues ¿cómo va a poder administrar algo que no controla? Esa es su postura.

Lo cierto es que la ONU no ha considerado a Marruecos (ni en su momento a Mauritania) como potencias administradoras del Sáhara, por lo que sigue figurando en la lista como único territorio español pendiente de descolonización. y, por lo tanto, administradora del mismo. Así lo establece un informe jurídico (Documento S/2002(161), dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 29/01/2002.

El abandono del Sáhara por parte de España es nulo, por lo que, según la ONU, España sigue siendo su potencia administradora y responsable. Precisamente por eso, España debe exigir que se materialice ya un referéndum de autodeterminación del territorio, condenando cualquier atentado al bienestar de una población sobre la que la Carta de las Naciones Unidas le hace responsable. Es cierto que al no tener la presencia efectiva en el territorio, España tiene limitaciones en su actuación. Sin embargo, sí pude exigir a la ONU y a Marruecos que lleven a cabo el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

La postura de España es muy delicada. Como potencia administradora del Sáhara está obligada a implicarse a fondo en la búsqueda de una solución aceptable para el pueblo saharaui. Es su responsabilidad y la forma de reparar la injusticia y la chapuza que cometió con el reparto del territorio y su abandono.