El equipo técnico redactor del anteproyecto de la ley del suelo promovido por el Gobierno de Canarias defendió ayer la necesidad de una ordenación estable del territorio pero flexible, para poder adaptar los usos a nuevas realidades.
Francisco Villar, que ejerció como portavoz del equipo redactor ante la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias, en la que expuso el contenido del texto a los diputados, aseguró que la legislación vigente actual sobre el suelo es muy compleja, dificulta delimitar las funciones insulares y municipales y la adaptación a nuevas realidades.
Los grupos políticos de Nueva Canarias y Podemos, aunque aceptaron que es preciso reconducir las leyes sobre el territorio, reiteraron su oposición al proyecto del Gobierno, que encontró el apoyo de ASG y el aplauso entusiasta del PP, mientras que CC y PSOE prefirieron no entrar en el debate hasta que el proyecto de ley del Gobierno de Canarias llegue a la Cámara.
Además de Francisco Villar, el equipo redactor del anteproyecto nombrado por el Ejecutivo Autónomo incluye a Normando Moreno Santana, Martín Orozco Muñoz y Juan José Santana Rodríguez.
Francisco Villar explicó que la legislación actual supone "un entramado normativo que es una carga injustificada para empresas y ciudadanos".
La nueva ley del suelo reúne en un solo texto normativo la legislación dispersa, aunque incorpora partes de las tres leyes a las que sustituye como los aspectos relacionados con los espacios protegidos, dijo Villar.
El anteproyecto se estructura en cinco bloques, relativos a las clases de suelo, planes de ordenación, ejecución de los planes, intervención o control sobre el suelo y disciplina urbanística.
Para agilizar los trámites, se adoptan medidas como sustituir las licencias municipales de obra en el interior de las viviendas por una comunicación o se autorizan actuaciones en suelo rústico que antes requerían permisos, como actuaciones en sistemas de riego.
Villar dijo que se favorece el uso del suelo rústico para la obtención de rentas complementarias a las relacionadas con el uso agrícola o ganadero y se incorpora el principio de compensar por conservar, de manera que se fomenta a nivel insular la protección de espacios protegidos.