Tres reuniones han bastado para que CaixaBank haya alcanzado hoy un acuerdo con los sindicatos para poner en marcha este año un nuevo plan de desvinculaciones voluntarias incentivadas (prejubilaciones) para facilitar la salida de unos 500 empleados mayores de 58 años.

Finalmente, la entidad ha cedido a las demandas de la representación sindical y ofrecerá a los trabajadores que voluntariamente quieran adherirse a este plan un complemento equivalente al 75 % del salario bruto, con una revalorización del 1 % anual de la retribución y de la aportación al plan de pensiones.

Según ha informado CCOO, la plantilla potencialmente afectada es de unas 500 personas, que son las nacidas en el año 1958 y anteriores, es decir, de 58 años o más, y en su gran mayoría (90 %) se encuentran en Cataluña.

El sindicato ha valorado el acuerdo alcanzado, aunque ha recordado que Cataluña es un territorio deficitario en personal, de ahí la necesidad de que las salidas previstas se cubran con nuevas contrataciones, "para evitar que aumente aún más la sobrecarga de trabajo de una plantilla que se ve obligada a prolongar su jornada laboral de manera sistemática".

Dichas contrataciones, ha añadido la organización sindical, también deben servir para dar cumplimiento al compromiso de retorno a sus territorios de origen de aquellas personas afectadas por movilidad geográfica.

CCOO ha incidido asimismo en la necesidad de que continúe este programa de desvinculaciones voluntarias en los próximos años, puesto que es una manera no traumática de renovar plantilla y realizar nuevas contrataciones.

Cuando se pactó el ERE de 2015, que afectó a unas 700 personas, CaixaBank ya acordó con los sindicatos la posibilidad de que a principios de este año se negociara un nuevo plan de desvinculaciones incentivadas para los trabajadores de más edad.

De esta manera, el banco que preside Isidre Fainé ajustará su plantilla de forma no traumática, en un momento en que otras entidades, como el Santander, han anunciado que planean reducir su plantilla en España en torno a un 5 %, lo que equivaldría a un máximo de 1.200 personas, la mitad vía prejubilaciones y la otra mitad por bajas incentivadas, en un proceso de reestructuración que prevé el cierre de unas 450 oficinas en el país.

En este sentido, los sindicatos han preguntado directamente a la dirección de CaixaBank por si tiene intención de iniciar un proceso general de cierre de oficinas ante la inquietud que, aseguran, se ha extendido entre los trabajadores.

Ante esta pregunta, la dirección ha contestado, según CCOO, que no piensa variar su modelo de proximidad, que ve compatible con la digitalización y el uso de nuevas tecnologías, y que no prevé un cierre masivo de sucursales.