La concejala de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento de La Laguna, Candelaria Díaz, informó ayer de que esta institución ha remitido un informe a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), así como al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, y al consejero de Economía, Pedro Ortega, en el que se solicita que el sistema que se utiliza para el cálculo de la presión fiscal sea reformulado al no ser "el más objetivo".

Según sostuvo en declaraciones a los medios, el mecanismo en cuestión deja al municipio en el entorno de los 500 euros, si bien la cifra "real" es de 279,51, lo que representa un 47,77% menos que el dato de la Auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal. "No podemos comparar peras con manzanas", indicó la nacionalista sobre lo que ocurre con la actual forma de determinar la presión fiscal, que es el término que se emplea para medir la cantidad de impuestos pagados.

La primera de las posibilidades a las que se refirió Díaz fue la de retirar a las empresas del cálculo. ¿Por qué? Planteó la edil que, al incluirlas en un parámetro que es por habitante, hay una "desviación importante". De forma más gráfica, contrapuso que se están "mezclando" los tributos de las grandes superficies con personas físicas que tan solo pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basura.

En la misma línea, desde el Consistorio lagunero se refirieron al efecto que crea en el resultado final el "peso" de la actividad empresarial, que es distinto en cada municipio -"cuantas más empresas haya instaladas, mayores son los ingresos por su actividad", apostillaron-, y en que se están incluyendo otros parámetros dentro del global de ingresos que no se corresponden con entradas y tasas que son de carácter municipal.

"Si, además, eliminamos del importe total de ingresos lo que no depende de personas físicas (los impuestos y tasas que pagan las empresas, por ejemplo) resulta que solo 42 millones del total de ingresos del ayuntamiento se corresponde a vecinos de La Laguna, lo que representa 279,51 euros por persona", abundaron desde la corporación.

Con todo, Candelaria Díaz resaltó que se está utilizando una fórmula que "no aporta nada", que "crea conflictos" y contra la que, añadió, también se han expresado en contra otros consistorios del Archipiélago que se están viendo afectados. "Nos sitúa como uno de los municipios que presentan una mayor presión fiscal", lamentó la concejala sobre el modo de determinar un parámetro que confía en que sea cambiado por otro.