La fiscal Francisca Sánchez ha dicho hoy, durante la presentación de sus conclusiones en el caso Arona, que en esta localidad turística del sur de Tenerife funcionaron la arbitrariedad y la vulneración sistemática de la ley en el Ayuntamiento durante los años de "locura urbanística".
En el banquillo se sientan trece personas, entre ellas los miembros de la junta de gobierno de Arona entre 2003 y 2007, como el exalcalde González Reverón y los exconcejales Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso.
También están acusados Roberto de Luis, exaparejador municipal; el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa; y los arquitectos Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez, así como el presunto intermediario en la recaudación de comisiones por la agilización de licencias Arsenio Zamora.
En el caso Arona se dirimen acusaciones de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho en relación a la concesión de más de doscientas licencias de obras y casi cien contrataciones a dedo.
La junta de gobierno otorgaba licencias en contra de "todas las previsiones legales" a sabiendas, según la fiscal, y ninguno de los acusados era "comparsa" en una trama en la que los arquitectos y técnicos municipales daban informes positivos para favorecer determinadas promociones, según las conclusiones de la fiscal.
Todas las actuaciones aprobadas contaban con informes jurídicos desfavorables y advertencias de los secretarios del Ayuntamiento que se obviaban, en lo que constituyen actuaciones de sistemática arbitrariedad por parte de los poderes públicos para favorecer los intereses urbanísticos de empresas fuertes, según la fiscal.
La junta de gobierno además fragmentaba sistemáticamente contratos para que el montante total no excediera el límite legal que obligaría a convocar un concurso, y así se adjudicaban directamente todas las actuaciones a cuatro empresas concretas, según sus conclusiones.
La contratación de cualquier labor de mantenimiento, obra municipal o incluso la compra de vehículos se troceaba para eludir la concurrencia libre de empresas y conseguir adjudicaciones arbitrarias, de acuerdo con el ministerio fiscal.
En ese clima, además se reclamaba dinero a cambio de la tramitación de expedientes, como ocurrió con los empresarios José Ramón Ansorena Ormazábal y José Ramón Ansorena Cabrera, padre e hijo, quienes denunciaron a la trama municipal después de que les reclamaran el pago de 270.000 euros para conseguir una licencia para una promoción por la que ya habían accedido a abonar previamente 6.000 en metálico, como se les exigió.
El concejal de urbanismo Félix Sierra, el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, el aparejador municipal Roberto de Luis y el empresario Arsenio Zamora, como intermediario, serían las personas que participaron en ese presunto cohecho, según el relato de la fiscal, quien detalló el tren de vida y patrimonios inexplicados de los presuntos implicados.
Francisca Sánchez pide dos años de prisión por prevaricación para el ex alcalde José Alberto González Reverón, así como para el resto de concejales, excepto para el exedil de urbanismo Félix Sierra.
Félix Sierra está acusado de cohecho, prevaricación urbanística, prevaricación administrativo, actividad prohibida a la autoridad y abuso de poder, por lo que la fiscalía pide seis años de prisión.
Para el exaparejador municipal Roberto de Luis la fiscalía interesa ocho años de cárcel, y seis para el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa.
Para los arquitectos Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa se piden cuatro años de prisión y tres para el empresario Arsenio Zamora.
En la sesión de hoy también expuso sus conclusiones el letrado de la acusación particular, Santiago Martínez, que representa a los Ansorena.
El letrado expuso el proceso de "extorsión" que sufrieron sus clientes a manos de Sierra, De la Rosa, De Luis y Zamora, con grabaciones incluidas, que empezaron pidiendo 6.000 euros por agilizar una licencia urbanística y cuando los empresarios ya habían invertido todo lo que tenían en el proyecto, confiados del trato, se les exigieron 270.000 euros más, según su relato.
Todo el proceso fue un engaño, según los denunciantes, pues el terreno ya contaba con calificación mixta residencial turística para poder edificar las viviendas que pretendían los empresarios.
"Esta organización ilegal y delictiva llevó a la ruina a la familia Ansorena", sostuvo su letrado, quien afirmó que la trama actuaba así de forma sistemática con otros promotores.