Policías nacionales liberaron a dos mujeres, una de Nigeria y otra de Sierra Leona, víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La primera fue rescatada en El Fraile (Arona) y la segunda, meses más tarde, en Alcalá de Henares, tras descubrir los investigadores la existencia de otra rama de la organización que operaba en Madrid. Para doblegar la voluntad de las afectadas, los implicados usaron rituales de vudú. Hay siete detenidos en total, cinco en Tenerife y dos en Alcalá de Henares. Tras los registros, los agentes intervinieron 3.382 euros, billetes de avión, teléfonos móviles, envíos de dinero, joyas y efectos de vudú.
Las investigaciones permitieron conocer que una víctima fue captada en Nigeria, donde la organización, formada también por nigerianos, le ofreció venir a España, lo que le supuso contraer una deuda de 50.000 euros. Antes del viaje fue sometida a un rito de vudú para asegurar el pago de la deuda, doblegar su voluntad y evitar que denunciara su situación a la policía al llegar a España.
La víctima fue trasladada en un vuelo procedente de Nigeria con escala en Casablanca (Marruecos) y, desde allí, hasta el aeropuerto de Valencia. La organización se encargó además de aleccionarla para que, mediante una historia falsa, solicitara asilo y dificultar su expulsión si hubiese una posible detención por infracción a la ley de Extranjería. Después, fue trasladada a Tenerife donde la esperaba su explotadora, otra nigeriana, que la mantenía encerrada en un domicilio de El Fraile.
Desprovista de su documentación, fue explotada sexualmente durante largas jornadas con claras indicaciones de la zona donde debía colocarse para captar a más clientes y mantener relaciones sexuales, así como de las tarifas que debía cobrar para saldar la deuda. La mujer que ejercía su control recogía diariamente el dinero recaudado llegando a amenazarla e, incluso, a agredirla si algún día no lo conseguía.
Las investigaciones permitieron a los agentes averiguar que hasta el momento de su liberación la víctima había efectuado pagos a la banda por 30.000 euros. Tras varios registros, la Policía logró liberar a la víctima y cinco personas fueron detenidas. Cuatro de ellas ingresaron en prisión provisional.
El estudio en profundidad de todos los datos llevó a los agentes a una rama de la misma organización, asentada en Alcalá de Henares, que llevaría operando desde 2007. En el momento de las pesquisas explotaba a una joven de Sierra Leona. La operación fue efectuada por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería; la Unidad contra redes criminales y falsedad (UCRIF) de Tenerife y la UPR de la Comisaría del Sur de Tenerife.