Los alegatos de las defensas de los técnicos municipales, los arquitectos externos y el presunto intermediario de la supuesta trama urbanística han cerrado hoy, después de tres meses, la fase de vista oral del denominado caso Arona, sesión en la que los letrados han pedido la libre absolución de sus defendidos por falta de pruebas.

La fiscalía pide un total de 47 años de cárcel para los trece acusados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho en relación a la concesión de más de doscientas licencias de obras y casi cien contrataciones a dedo en Arona (Tenerife) entre los años 2003 y 2007.

Entre los acusados están el exalcalde José Alberto González Reverón y los exconcejales Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso.

En la última sesión del juicio han tomado la palabra los abogados del exaparejador municipal Roberto de Luis, el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, los arquitectos externos Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa y el empresario y supuesto intermediario Arsenio Zamora.

El letrado Juan Manuel Fernández del Torco, que defiende al exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, para el que la fiscalía pide ocho años de prisión, y al arquitecto externo Antonio González Tolosa, para quien se interesan cuatro años de cárcel, sostuvo que no hay pruebas que permitan condenar a ninguno de los dos.

Fernández del Torco argumentó que los informes técnicos sobre expedientes urbanísticos que De la Rosa remitía a la comisión de gobierno municipal para su consideración no eran vinculantes y su defendido no participaba en la toma de decisiones de ese órgano.

"Los informes del área técnica no tienen valor condicionante sobre las licencias", sobre las que decidían los concejales de la comisión de gobierno.

En cuanto al fraccionamiento de contratos, que según la acusación servían para eludir la convocatoria de concursos abiertos de adjudicación, es también competencia de la junta de gobierno, además de que Eliseo de la Rosa no intervenía ni en el departamento de compras ni en el de adjudicaciones.

Respecto a la acusación de cohecho, Fernández del Torco aseguró que no se ha acreditado la entrega de cantidad alguna a su defendido y el informe patrimonial de la Guardia Civil revela que el patrimonio y los ingresos del exarquitecto municipal son compatibles con sus actividades profesionales.

La acusación de cohecho se basa en meras "sospechas, conjeturas y rumores", insuficientes para condenar a nadie en un juicio penal, sostuvo el abogado, que también negó que existan pruebas de cohecho contra su otro defendido, el arquitecto González Tolosa.

Rafael Vasco, defensor del exaparejador municipal Roberto de Luis, pidió la nulidad de las actuaciones contra su defendido por vulneración de sus derechos, y aseguró que las acusaciones de cohecho y prevaricación urbanística se basan sólo en el testimonio de un sobrino suyo, cuya "credibilidad es nula" y que mantiene "una enemistad evidente" contra su tío.

"No existe ni una mínima prueba válida que destruya su presunción de inocencia", dijo el letrado sobre su defendido, y agregó que la grabación aportada por la acusación particular no reúne el mínimo de garantías para que sea considerada como prueba.

Tampoco hay pruebas de que De Luis agilizara ningún tipo de trámite y además todo su patrimonio es perfectamente explicable por su actividad profesional y su espíritu comercial e inversor, argumentó Rafael Vasco.

La abogada Carmen Rosa Luis, defensora del empresario Arsenio Zamora, quien según la fiscalía medió para reclamar pagos a cambio de agilizar la tramitación de expedientes y para el que se piden tres años de cárcel, también pidió la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos y aseguró que no hay ni un sólo indicio ni prueba material de que ejerciera la función de intermediación que le atribuye la fiscal.

Los abogados Pedro Miguel Revilla y Esteban Sola, defensores de los arquitectos externos Zenón Rodríguez y Jorge Menéndez, para los que se piden cuatro años para cada uno por presunto cohecho, también basaron la defensa en la nulidad de actuaciones y la falta de pruebas.

"Nada ha quedado acreditado en la fase de juicio oral, ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad" relacionada con Zenón Rodríguez, afirmó su letrado.

Esteban Sola aseguró que su cliente, Jorge Menéndez, es víctima de una ceremonia de la confusión de las acusaciones y de la instrucción.

El caso Arona queda visto para sentencia, la cual podría tardar en concretarse unos tres meses, según cálculos de algunos de los letrados.