Olga López, la abogada de los siete políticos acusados en el caso Arona, exoneró ayer a sus defendidos pidiendo la absolución de todos y señalando como responsables de lo que en su día fue denominado caso Edén al juez instructor y decano del partido judicial, Nelson Díaz; a la Fiscalía y a la propia Audiencia Provincial, por enjuiciar la causa como penal y no remitirla a la circunscripción administrativa, y a la prensa.

"Es una denuncia política y electoralista seguida por la prensa local, absolutamente amarilla, que buscó y consiguió desbancar al gobierno" de Arona. "Hay un tomo entero con las barbaridades que se publicaron por este tipo de prensa", llegó a decir durante la penúltima sesión del "macrojuicio", como también lo definió.

La instrucción es nula y el procedimiento, también, por la falta de imparcialidad y arbitrariedad del juez instructor, que, además, se autoasignó la causa. Es más, la abogada pidió la nulidad del proceso hasta en 15 ocasiones desde 2008. Todo ello lo expuso Olga López ante sus defendidos, el exalcalde José Alberto González Reverón, y los exconcejales Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso.

La letrada insistió en que el caso está sustentado en "sospechas y conjeturas" y que "se ha montado sobre la presunción de culpabilidad, no de inocencia", arguyendo contra el hecho de que "se está juzgando de forma global y colectiva" y "no se ha individualizado ni el hecho delictivo ni la participación en ese presunto hecho delictivo de cada uno de mis representados", por lo que "no puede haber una imputación global ni una pena global".

Durante más de tres horas, y sobre la acusación de prevaricación urbanística, dijo que "en ningún caso hay ilegalidad ni dolo penal" y que, siguiendo la tesis de la Fiscalía y de la acusación particular, los acusados habrían incurrido en los mismos delitos "hicieran lo que hicieran". El motivo es que los informes técnicos sobre las peticiones de licencias eran positivos y los jurídicos, negativos. Por tanto, y teniendo en cuenta que "ambos tienen el mismo valor", se hubiera producido el supuesto delito con cualquier decisión.

Para Olga López, este asunto "es una invasión del derecho penal por el administrativo".

En cuanto a la acusación de prevaricación, tampoco incurrieron en delito los 13 acusados. "Se ha seguido exhaustivamente la legislación", dijo la abogada, que enumeró una quincena de empresas beneficiarias de los contratos adjudicados (la Fiscalía había dicho solo cuatro), se cumplió el principio de igualdad y la división supuesta de los contratos no existió porque estaba justificado en base a "las necesidades operativas de cada caso".

Olga López dejó claro que "se han vulnerado derechos" de los acusados y "no ha habido ni una sola prueba", por lo que "sería irrisoria una eventual condena".

Sierra, "claro y diáfano"

"Lo primero que se encontró al llegar a su casa fue a la prensa". Así reanudó su alegato la abogada Olga López refiriéndose al registro de la vivienda del exedil acusado de cohecho Félix Sierra, de quien dijo que su patrimonio es "claro y diáfano" producto de su trabajo, ahorro y e inversión. Sin prueba alguna que le relacione directamente con cualquier petición de dinero para conceder licencias, según la abogada, lo ocurrido con la grabación de los Ansorena y su proyecto "ha sido un montaje tan burdo que todo es demostrable". Contra Sierra, "todo es de referencia" y los testigos negaron la solicitud de prebenda alguna, dijo.