Y empleo. Palabrería de la clase política. Manantial de recursos dinerarios que riega extensas áreas de "aprovechamiento" y que, por su ineficiencia, han dado lugar a un tórrido páramo. Son muchos años los que han pasado dedicando grandes cantidades de dinero para solventar la necesidad de formación en trabajadores a fin de su empleabilidad en sectores empresariales que lo demandaban. Y estamos donde estábamos.
Son miles de millones los que se han "distraído" en Andalucía, según rezan las investigaciones judiciales, al fin de la formación y el empleo. Sigue siendo la región con el mayor índice de paro en España. Y a ese fluir de dinero a ninguna productividad se suma el por tantos años dedicado al Plan de Empleo Rural (PER). Este problema, que destaca en Andalucía, no es extraño a otras Comunidades de nuestro solar patrio. Canarias, una de ellas. Aquí se comenzó a despilfarrar el dinero con el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) y continuó con el Servicio Canario de Empleo (SCE), nombre que tomó la institución tratando de desvincularse de la imagen que, por sus actos, había adquirido aquel otro.
Ni la Comunidad Europea, hoy Unión Europea (UE), de donde venían cuantiosos aportes económicos a aquel fin (el de formación, no el de "distracción") ni los gobiernos autónomos fijaron controles para el buen uso finalista de aquellos fondos. Y así llegamos a anteayer, como aquel que dice, para que el Congreso aprobase una Ley de Formación Profesional. Era septiembre de 2015. Más palabrería, más debate, más documentos. Otra ley de no aplicación. Lavado de cara de sus señorías.
El PP, con el Gobierno en funciones por él sostenido, presentaba en marzo pasado una proposición no de ley para aprobar reglamentos que dieran lugar a la entrada en vigor de aquella ley. El fin era que este nuevo modelo aportara mayor eficacia, eficiencia y transparencia al sistema, e instrumentos adecuados de control para que no se puedan repetir fraudes en los cursos de formación. Más palabras, más documentos, más BOE..., para nada efectivo ¿Hace falta todo esto para que los dineros vayan al fin a que se destinan? ¿No basta con los interventores de las instituciones? Parece que no. Es el ánimo de los políticos descontrolar según su entender. Es nuestro sino.