Maite Carol se negó a dar el visto bueno a aquellos informes. Cuando se opuso la primera vez pensó que simplemente estaba haciendo su trabajo, pero en realidad se estaba enfrentando a toda una mafia: consiguió que se destapara la Operación Pretoria, una enorme de trama de corrupción que afectaba al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, pero su vida acabó convertida en un calvario. Ella es una de las protagonistas del documental "Corrupción, el organismo nocivo", estrenado el jueves en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), que analiza por qué, a quién y cómo afecta la corrupción. La conclusión es dramática: el clientelismo está tan extendido como un cáncer no tratado a tiempo y que va saltando de órgano en órgano, destruyendo todo a su paso. Pero, ¿hay forma de dar marcha atrás?

La conclusión que es que solo la voluntad ciudadana puede iniciar este cambio. Después de la proyección, los directores -Albert Sanfeliú y Teresa Soler- analizaron, en compañía del público y de la fiscal anticorrupción de Tenerife, Farnés Martínez; el profesor titular de Derecho Penal Ulises Hernández; y el catedrático de Economía Aplicada Federico Aguilera Klink, las medidas necesarias para abordar un fenómeno que ha pervertido la función de gobiernos municipales y autonómicos. El coloquio se desarrolló ante más de un centenar de personas dentro del ciclo de docu-forum puesto en marcha por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, que ya ha tratado la economía colaborativa y la situación de los refugiados a través del caso del Sáhara ocupado.

Sanfeliú y Soler empezaron esta aventura en el año 2013. Para financiar su idea optaron por la colaboración ciudadana. "Teniendo en cuenta el tema que íbamos a tratar, optar a subvenciones municipales no era una opción", explicó Soler.

Consiguieron que 451 personas participaran en alguna de las dos campañas de micromecenazgo que impulsaron y, además, algunas instituciones, como la Fundación César Manrique, decidieron ir más allá y convertirse en patrocinadores.

A lo largo del diálogo, los creadores del documental pusieron especial énfasis en el protagonismo de los funcionarios para seguir sacando a la luz casos de "amiguismo" entre políticos y empresarios, pagos de comisiones con dinero público o malversación de fondos. No obstante, reconocieron que los ciudadanos españoles están más desprotegidos que otros, ya que a pesar de que Naciones Unidas recomendó a España en 2006 la creación de una norma que protegiera a los denunciantes, aún no se ha hecho nada al respecto. En otros países está figura sí se contempla, y los denunciantes -especialmente los que están dentro del sistema- cuentan con una serie de garantías.

En España, al no existir ningún estatuto de este tipo, los que ponen el foco sobre la ilegalidad se hallan a la intemperie. Todos los denunciantes que aparecen en el documental vieron cómo les cambiaba la vida. Fueron héroes y antisistema al mismo tiempo. Héroes, porque sacrificaron sus vidas y se enfrentaron a vejaciones y presiones brutales en sus puestos de trabajo; y antisistema porque al poner en entredicho prácticas habituales fueron tachados de excéntricos hasta por quienes pensaban que podían tener razón.

"No queremos que se les vea como héroes, sino como ciudadanos, porque es nuestro deber no permitir estos abusos", dijo Soler.

La fiscal Anticorrupción de Tenerife, Farnés Martínez, subrayó que hasta que no haya más medios no se podrá avanzar. "España es uno de los países con menos número de jueces por habitantes", denunció. Esa falta de medios provoca que las sentencias se retrasen muchísimo y no funcionen como elementos disuasorios. Tanto ella como Ulises Hernández coincidieron en que no es conveniente una reforma del Código Penal porque el problema no tiene nada que ver con la cantidad de delitos ("independientemente de que haya que reformar penas concretas"), pero Farnés precisó que sí sería conveniente interpretar los delitos de forma distinta. "Teóricamente la prevaricación tiene que ser grosera y manifiesta, pues para mí esa definición encaja con la contratación a dedo", se quejó.

Aguilera Klink, por su parte, insistió en el efecto económico que tiene la corrupción sobre las arcas de cualquier administración: "No podemos permitirlo: la contratación pública supone el 16% del Producto Interior Bruto nacional". Además, los datos demuestran que esta lacra afecta a muchos países y no puede atribuirse a razones culturales o escudarse tras la llamada "picaresca española".

En este último punto estuvieron de acuerdo todos los invitados. Puede que en España haya más percepción de impunidad (está a la cabeza en la UE), pero eso no quiere decir que haya más corrupción, sino que no se han articulado los controles para evitarla. "El caso Volkswagen es un ejemplo", apuntó el profesor.

Para que esta enfermedad no se convierta en terminal, es imprescindible -recordó Farnés- que los ciudadanos actúen de manera que puedan mirarse al espejo y no sentir vergüenza. Pero no se logrará sólo apelando a los principios, sino con transparencia, protección y medios materiales y humanos.