El 17 de enero de 2007 fue cuando Francisco García Santamaría, entonces portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona, presentó ante la Fiscalía General del Estado la documentación correspondiente a la concesión de 213 licencias urbanísticas y 79 contratos tramitados en el periodo comprendido entre enero de 2004 y el 20 de septiembre de 2009, todos ellos con informes contrarios de los servicios jurídicos y/o técnicos municipales. Esto dio lugar al inicio del sumario del caso Arona -o caso Edén, como lo denominó la Guardia Civil- el 8 de marzo de 2007.
Transcurridos más de nueve años, el asunto sigue en el juzgado. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ya sentenció una pieza separada (juicio celebrado el 9 y 10 de diciembre de 2015) y celebró el macrojuicio del caso Arona (del 12 de enero al 27 de abril y en 26 sesiones). Este mes de mayo el proceso judicial continuará con el enjuiciamiento de dos piezas separadas, las que afectan no solo al exalcalde acusado (y condenado en la primera pieza separada), sino a quien fuera cabo de la Guardia Civil y responsable del Servicio de Información en Playa de las Américas, José Rodríguez, mientras que en la segunda se juzgará a quien fuera subinspectora de la Policía Local de Arona, Hortensia García.
Nelson Díaz Frías, entonces el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona (hoy Juzgado de Instrucción número 2), elaboró un sumario de 77 tomos -que decretó secreto el 18 de diciembre de 2007, levantándolo el 19 de junio de 2009- y más de 22.000 folios hasta que el día 15 de febrero de 2008 emitió el auto de incoación de diligencias previas, dando por concluida la instrucción con treinta acusados.
El 18 de diciembre de 2007 fue una fecha clave en el desarrollo de este caso. Ese día el empresario José Ramón Ansorena Carrera fue llamado a declarar por el juez entregando una grabación que realizó el 10 de julio de 2002 en el restaurante Las Rejas (La Camella). En ella se escucha al empresario Arsenio Zamora (este negó que fuera su voz) plantear un proceso por el que el constructor tendría que pagar dinero para que le agilizaran la concesión de la licencia, cuyo expediente comenzó el 10 de mayo de 2000. Ese día, el juez Díaz Frías ordenó las primeras detenciones.
Además del citado Arsenio Zamora, considerado el supuesto intermediario en el cobro de comisiones, también lo fue el arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, como presunto beneficiario de ese dinero. El díA 14 de febrero de 2008 el juez completó las cuatro detenciones habidas en el marco de este sumario: las del aparejador municipal, Roberto de Luis, y la del arquitecto externo Zenón Rodríguez como supuesto pagador de comisiones al anterior por conseguirle clientes.
La lista de los que esperan veredicto
La Fiscalía pide dos años de prisión y 20 años de inhabilitación para José Alberto González, Manuel Barrios, Daniel Martín, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón y Félix Sierra por delito continuado de prevaricación urbanística y por el delito continuado de prevaricación. Por cohecho, a Sierra le añade otros 4 años de prisión y 500.000 euros de multa; a Roberto de Luis, 8 años de prisión y 3,4 millones; a Eliseo de la Rosa, 6 años de prisión y 500.000 euros; a Arsenio Zamora, 3 años de prisión y 300.000 euros; a Zenón Rodríguez, 4 de prisión y un millón; a Jorge Menéndez, 4 años de prisión y 12 millones, a Antonio Luis González, 4 años de prisión y 10 millones. A todos se les suma inhabilitación de 10 años. Las defensas solicitan la libre absolución por entender que no hay pruebas que certifiquen los delitos de los que se acusa a este grupo de 13 personas. La sentencia se espera conocer después del verano.