Las administraciones públicas generan riqueza, pero deben hacerlo, además, con el objetivo de compensar la desigualdad. Esa demanda, cada vez más extendida en las sociedades europeas, ha hecho que instituciones locales y autonómicas empiecen a incluir cláusulas sociales en la contratación pública. España ha asumido tarde esta responsabilidad, pero en la actualidad, Castilla y León, Navarra, Baleares y Cataluña ya disponen de una normativa de este tipo. Canarias aspira a ser la quinta región en primar el cumplimiento de requisitos sociales a la hora de adjudicar un contrato.
Para impulsar esta norma, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda está recibiendo asesoramiento de De Par en Par, una consultoría especializada en transparencia y responsabilidad social. Su abogado, Santiago Lesmes, lleva más de una década promoviendo la inclusión de estos requisitos y recuerda que la contratación pública supone alrededor del 16% del producto interior bruto del país.
"Se deben salvaguardar los principios básicos de la contratación -libre concurrencia y no discriminación-, pero el avance normativo ha demostrado que es lícito compaginarlos con otros objetivos de carácter social", explica. En Canarias, hasta la fecha, solo ha habido experiencias puntuales. "Se ha hecho en alguna adjudicación muy esporádica, pero no ha habido una apuesta generalizada". Hay administraciones, como el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que están trabajando en una norma de este tipo, lo que pone de manifiesto que "la presión social y la voluntad política" están propiciando un cambio de tendencia.
La incorporación de estas exigencias en la contratación pública ha encontrado muchos inconvenientes en España. Por un lado, la legislación se ha ido adaptando de una forma muy lenta. "En otros estados europeos llevan veinte o treinta años incorporando cláusulas sociales, pero en España, aunque ha habido experiencias puntuales y técnicos que desde el punto de vista jurídico se han animado a intentarlo, ha predominado una cierta inercia en los sectores jurídicos". En otras palabras, se han puesto "reparos a la hora de ponerse de acuerdo en si eran legales o no". Así y todo, hay administraciones en España que llevan "diez, doce y hasta catorce años con cláusulas sociales". Para Lesmes las dudas sobre si cumplen la legalidad ya no sirven como excusa. "Es una cuestión de voluntad política. Las cuestiones jurídicas o técnicas son fácilmente resolubles", sentencia. "Lo que no pueden hacer los poderes públicos es usar el dinero público sin revertirlo en las personas que están en situaciones más desfavorecidas. Si consideramos que las administraciones son las primeras generadoras de riqueza, los primeros empleadores... Hay que primar a las personas en exclusión social, las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género... ", expone.
A su juicio, este cambio de rumbo se está produciendo gracias a que "una buena parte de la ciudadanía y de los sindicatos llevan tiempo denunciando que las administraciones públicas no pueden contratar a empresas que no respetan la igualdad o que no cumplen la ley de discapacidad...", dice.
La Consejería de Políticas Sociales, que trabaja junto al Comisionado para la Lucha contra la Pobreza en la elaboración de la norma, celebró la semana pasada unas jornadas para formar también a los funcionarios en la inclusión de estas cláusulas en los contratos.