El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante una sentencia firme, ha determinado que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz debe pagar alrededor de 300.000 euros al equipo de arquitectos Palerm y Tabares de Nava por las obras de remodelación del parque García Sanabria.

Estas cantidades se reparten entre 181.500 euros que se corresponden con el modificado número dos del proyecto y otros 84.500 por las actuaciones que se tuvieron que realizar a raíz del paso de la tormenta tropical Delta por la ciudad a finales de 2005. A todo ello hay que sumarle los intereses legales y costas judiciales, que también tiene que asumir la Gerencia.

En primera instancia se reconoció que en el momento de la adjudicación se adoptó el compromiso con los arquitectos de fijar sus honorarios en función del importe de las obras. A lo largo de la actuación fueron surgiendo actuaciones distintas a las previstas que se ejecutaron, "sin que la adjudicación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras se realizase cumpliendo las formalidades legales".

En unos casos se trató de acciones causadas por la tormenta y en otros por variaciones "improvisadas" del proyecto por razones que desconoce el TSJC. El problema surge a la hora de reconocer la dirección de las obras, lo que dio lugar a que los arquitectos acudieran a los tribunales.

Juan Manuel Palerm y Leopoldo Tabares de Nava reclamaron el pago de 84.500 euros exclusivamente por la dirección de las obras a raíz de los daños del Delta. Urbanismo admitió que había pactado por el procedimiento de emergencia la reparación de los desperfectos con un presupuesto total de 1,8 millones de euros. Con posterioridad el ayuntamiento argumentaría que no habían sido gestionadas ni adjudicadas y que no las reconocía como ejecutadas. Incluso Urbanismo planteó que había prescrito la reclamación de los arquitectos. Los argumentos fueron descartados por el TSJC.

Hace pocas fechas otra sentencia, que aún no es firme, reconoció a los mismos técnicos, como redactores del Plan General del municipio, el pago de 330.000 euros sobre los 6,3 ya abonados por compromisos adoptados fuera del contrato original, que el ayuntamiento no reconoció en principio.