Ayer comenzó el juicio de la segunda pieza separada del caso Arona que juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. El guardia civil José Manuel Rodríguez está acusado de tráfico de influencia y se enfrenta a una petición de seis meses de cárcel y 30.000 euros de multa. "Ni he mediado ni he asistido a ninguna reunión en la que se hayan tratado temas de ese tipo", respondió a la Fiscalía al ser preguntado por si intervino para desbloquear la concesión de licencias en Arona tras la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. Sin embargo, admitió que "era vox populi" tal parálisis y explicó que "tenía conocimiento de lo que estaba pasando".

El acusado fue tan insistente en asegurar que lo que hizo fue "tratar de que dos personas que no se hablaban rompieran el hielo para evitar los perjuicios que se estaban ocasionando a los demás" -en referencia a la ruptura de relaciones habida entre los entonces alcalde, José Alberto González Reverón, y el portavoz del Grupo Socialista, Francisco García Santamaría-, como la fiscal en preguntarle por qué intermediaba si no formaba parte de la corporación municipal.

De marzo a julio de 2008 se produjeron tres encuentros en los que participó quien entonces era miembro del Servicio de Información de la Guardia Civil en Playa de las Américas. La primera, con García Santamaría y otro edil del PSOE en un restaurante; la segunda, con García Santamaría y Pedro Suárez, el empresario y presidente del CEST; la tercera, con todos los citados más el exalcalde, el exconcejal Antonio Sosa y el empleado de Gomasper y yerno de Suárez Martín, Javier Cabrera, en la casa del empresario.

Todos, el acusado y los testigos (todos los mencionados), coincidieron en señalar que el encuentro celebrado en la vivienda del presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife perseguía limar asperezas entre González Reverón y García Santamaría y que cuando se planteó la situación de parálisis urbanística que vivía el municipio, los políticos se emplazaron para una reunión en el ayuntamiento.

El papel que en todo ello desempeñó el guardia civil acusado, según los testigos, fue el de intermediar para tratar de normalizar las relaciones y en el caso del recargo por una sanción que el gobierno local de entonces impuso a una empresa participada por el portavoz del PSOE y primer denunciante del caso Arona.

Pedro Suárez: "Nunca he comprado a nadie"

Durante 14 años presidió el CEST, asociación en la que más de 600 empresarios estaban preocupados por la situación municipal tras la denuncia del caso Arona. Su casa albergó una reunión que él dijo no haber convocado (cree que lo hizo el CEST que él presidía) y fue el más claro de los testigos al asegurar que "el tema era destrabar la cantidad de licencias" que estaban paralizadas, ninguna de él, aclaró su yerno. Además, se trataron otros temas, como "la línea eléctrica por Vilaflor (en servicio un año antes de la reunión en su casa) y carreteras". Pedro Suárez declaró ayer ante el tribunal que "nunca he comprado a nadie ni me he vendido por nada".