En esta región funcionamos por modas: ahora lo que está de moda es pedir que los vuelos entre islas cuenten con una tarifa plana, porque resulta que el Gobierno de Rajoy ha dicho que no estaría mal ponerla para Baleares, aunque es probable que lo haya dicho solo porque estamos en elecciones y el Gobierno está en funciones y decir pavadas no compromete a nada. Porque, además, esto de la tarifa plana suena muy bien, suena a más barato, pero tiene sus más y sus menos. La consejera Ornella Chacón, por ejemplo, pidió no echar las campanas al vuelo ante el anuncio de que la ministra Ana Pastor (en funciones) va a negociar con Bruselas implantar una tarifa plana en Canarias y Baleares. Cree la consejera Chacón -como creen muchos de los que de verdad entienden de esto- que la tarifa plana pone en peligro tanto la continuidad de la bonificación a la residencia como la competitividad en el sector del transporte aéreo.

Ojo: no es que la tarifa plana sea necesariamente mala en sí misma. Pero hay que andarse con mucho tiento antes de apuntarse a cualquier bombardeo: hay que saber qué cambios introducirá la tarifa plana en el descuento a residentes. Porque lo más probable es que el asunto se resuelva sustituyendo el 50 por ciento de bonificación en el precio del billete al viajero por un mecanismo para cubrir las pérdidas al operador. En ese sentido, quizá sería más conveniente para el usuario aumentar la bonificación a la residencia y controlar que las compañías no hagan trampa, como sabemos que algunas hicieron -y masivamente- hace algunos años. También hay que mirar con lupa lo que implique esta futura tarifa plana en relación con las obligaciones de servicio público. Porque al final, la medida de tarifa plana lo que hace es obligar a las compañías a poner un precio que está por debajo del coste auténtico, y es el Gobierno quien compensa las pérdidas tirando del presupuesto público. Eso es lo que ocurre ahora con las líneas deficitarias con El Hierro, La Gomera y entre Reina Sofía y Gando. Pero extenderlo a todos los vuelos podría suponer tener que cambiar la actual bonificación por una subvención, y -por tanto- que esa subvención sea licitada. Hay que pensar lo que podría significar que alguna compañía europea ganara esa licitación -es perfectamente posible- desplazando a Binter -monopolio práctico- o Canarifly, que apenas roza el diez por ciento del mercado. Porque una cosa es combatir el monopolio, y yo estoy convencido de que el problema de los precios en Canarias tiene que ver fundamentalmente con ese monopolio, y otra muy diferente poner en riesgo la continuidad de una empresa cien por cien canaria -Binter- que presta un extraordinario servicio, aunque nos cobre un riñón por ello. Sinceramente, no me gustaría que su lugar fuera ocupado -con dinero de todos los españoles- por una compañía no canaria, subvencionada y que acabe con la libre competencia. Y me gustaría aún menos sin tener perfectamente claro que lo de la tarifa plana y el mecanismo de subvención es permanente. Porque si no lo es, podría ayudar a establecerse a un operador externo y luego vuelta a las andadas, pero con un operador de fuera controlando el transporte interior.

En fin, que está bien mirar lo de la tarifa plana, pero sin entusiasmarse. Si me fiara más del sentido común de quienes nos gobiernan, tendría menos dudas en este asunto. Pero a veces tengo la sensación de que una solución temporal con rédito electoral inmediato les pone mucho más que resolver el problema de lo caro que resulta volar entre las islas.