El portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha informado este miércoles de que el Ministerio Fiscal considera, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, que atendiendo a la documentación presentada sobre una presunta grabación presentada por el empresario Miguel Ángel Ramírez con el juez Salvador Alba, existen indicios de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
"El Ministerio Fiscal considera que, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, de la documentación aportada se desprende, al menos, la indiciaria comisión de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, previsto y penado en el artículo 441 del Código Penal, atribuible al magistrado Salvador Alba Mesa", recoge el comunicado.
En este sentido, García-Panasco ha informado que se ha remitido dictamen al Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en la pieza separada incoada en el marco de las diligencias previas nº 644/2014, sobre la posible relevancia jurídico penal de los hechos puestos de manifiesto por el investigado en dicha causa, el también presidente de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en comparecencia del 11 de mayo de 2016.
Por ello, la Fiscalía ha solicitado del citado Juzgado que se eleve exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por ser la competente para el conocimiento de los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.