Miembros de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fitapa) lamentaron ayer la falta de información desde la Consejería de Educación a raíz de la irregularidad detectada por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en un trasvase de comida para centros escolares por parte de una empresa de cáterin con base en el Sur de Tenerife.

El presidente de Fitapa, Eusebio Dorta, comenta: "Hoy (ayer) por la mañana llamé a la Consejería y me dijeron que eso era un asunto de Salud Pública". Ese mensaje no es aceptado por Dorta, quien opina que "los receptores del servicio de la empresa implicada son los padres y la Consejería de Educación".

Para Eusebio Dorta, tanto los representantes de las asociaciones de padres como los directivos de los centros debieron tener ayer instrucciones claras para saber informar a los progenitores con hijos en los comedores a los que el citado cáterin suministra alimentos.

Según el presidente de Fitapa, hasta la tarde de ayer, los responsables de Educación "no han salido a decir nada". Dorta aclara que "no se va a demonizar a nadie" y solo se demanda que se informe de lo que ocurrió. Indica que la Federación de padres no tiene el listado de comedores a los que suministra la empresa, "pero ellos (en referencia a Educación) sí lo tienen desde primera hora y se tenía que advertir" a los padres de alumnos. Pero ayer, diversos colectivos "no sabían qué hacer".

Dorta aclara que hoy y mañana habrá Pleno del Consejo Escolar de Canarias en Gran Canaria y este asunto será uno de los temas que se abordará, con el objetivo de llegar a una postura común.

Una madre del colegio de Los Abrigos aseguró que, hasta ahora, no ha habido problemas con el servicio. Indicó que supuestamente la comida no llega en vehículos refrigerados, pero que está en receptáculos y cada producto se sirve a la temperatura adecuada. Otra madre, del colegio de Montaña Pelada, en El Médano, manifestó que "nos falta información, pues la Consejería no se ha pronunciado; no sabemos nada, solo lo que han dicho los medios de comunicación". Dicha mujer quiere saber "si es un caso puntual o no; espero que sea un hecho aislado". Además, reclama que se "tomen medidas contra quien haya actuado de forma negligente, porque es un hecho muy serio y muy grave".

Esta madre exige "saber todo lo que ha ocurrido y por qué se ha llegado a esta situación". Muchos de los colegios suministrados por el servicio de cáterin implicado se encuentran en el Sur de la Isla.

"Por confusión y nerviosismo"

EL DÍA tuvo acceso a uno de los escritos remitidos el pasado martes a los colegios por parte de la empresa implicada "para evitar cualquier tipo de alarma". El texto señala que "en el momento de la inspección" solo estaban en el lugar "los conductores de los vehículos (...), quienes por confusión y nerviosismo no supieron explicar, aportar datos o documentación sobre muchas de las cuestiones" planteadas por el inspector de Sanidad. La empresa se informó anteayer con la inspectora de Sanidad sobre toda la documentación que debía aportar al expediente abierto (memoria técnica y documentos de los vehículos). La empresa reclama agilidad en los trámites para dar tranquilidad a la comunidad educativa y dice que puede "garantizar totalmente la seguridad alimentaria de las comidas" que suministra.

Menos calidad del servicio y falta de control

Beatriz Fariña, del comité de empresa de comedores escolares, afirmó ayer al subdirector de Radio El Día, Pepe Moreno, en "El Día por delante", que las comidas de cáterin tienen mucha menos calidad que las hechas directamente en los centros y lamentó la falta de control por parte del Gobierno canario de esta prestación. Fariña apuesta por la creación de ecocomedores en los centros. El portavoz de la Organización Canaria de Empleados y Servicios Públicos, José Antonio Pérez, indicó que la comida se elabora muchas horas o días antes de servirla a los escolares. Pérez dijo que este asunto sí es responsabilidad del área de Educación. Desde la Consejería de Sanidad se afirmó que el asunto tardará en resolverse 15, 20 o 30 días. Fuentes de Sanidad dijeron que el servicio donde se ha detectó la irregularidad se cierra cautelarmente, se investiga el origen del problema y la cifra de afectados y se bloquea hasta que se resuelva el expediente.