La Universidad de La Laguna (ULL) tendrá que reincorporar a una trabajadora que fue despedida en 2013 tras seis años trabajando en el centro y encadenando contratos temporales. Empezó su labor gracias a un convenio entre el Cabildo y la Universidad, pero cuando este finalizó la institución académica decidió seguir contando con sus servicios para llevar a cabo la gestión de proyectos europeos. Ahora, una sentencia firme del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) obliga al centro a crear una plaza para la afectada.

Además de esta empleada, otros dos trabajadores que se encontraban en una situación similar tuvieron que ser indemnizados tras rescindirse sus contratos de manera improcedente.

En los tres casos se trataba de trabajadores contratados en 2007 para apoyar la gestión de los proyectos de investigación en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). En ese momento la ULL solo contaba con dos funcionarias para sostener la infraestructura de esta oficina, por lo que tuvo que recurrir a personal externo. Cuando el proyecto al que ella estaba vinculada culminó, la Universidad decidió financiar en solitario su presencia en la institución.

El portavoz de CCOO explica que en 2013 la OTRI sufrió una reestructuración y varios trabajadores perdieron su empleo. Estos tres decidieron emprender acciones legales. Habían desempeñado su labor encadenando más contratos temporales de los que permite el Estatuto de los Trabajadores: 24 meses en tres años, explica Alberto Marín, responsable de Comisiones Obreras en la Universidad.

El caso de la trabajadora que deberá ser reincorporada presenta, además, otras peculiaridades. La primera sentencia se conoció a los pocos meses del despido y era favorable a la demandante. Las posibilidades de "éxito" de esta trabajadora eran más altas que las del resto, ya que en el momento del despido estaba embarazada. La Universidad, no obstante, decidió recurrir y durante los casi tres años que se postergó la siguiente resolución judicial tuvo que abonar el sueldo de la damnificada. La ley obliga a sufragar el salario de tramitación cuando el despido es considerado nulo. Una sentencia en contra la dejó sin retribuciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias volvió a darle la razón al poco tiempo.

El centro presentó en el último Consejo de Gobierno el informe sobre el cumplimiento de la sentencia. La gerencia de la ULL ha preferido no hacer declaraciones.

El portavoz de CCOO alertó ante ese mismo órgano universitario de que "en estos momentos hay becarios en los vicerrectorados y en el Servicio General de Apoyo a la Investigación (Segai), además de algunos contratos de profesionales, que pueden estar incurriendo otra vez en fraude de ley, lo que implica la posibilidad de nuevas denuncias de este tipo".

Se trata de "situaciones que en el caso de proceder al despido improcedente con indemnización suponen un incremento del gasto o cuando es obligada la incorporación hay que suprimir una de las plazas existentes en la RPT para ser sustituida por quien gana la sentencia".

Por eso, CCOO exigió al rector Antonio Martinón (aunque ya lo había hecho con anterioridad) "que se eviten esas situaciones y no sea cómplice de estos fraudes de ley". Para ello, "urge" crear "un protocolo de buenas prácticas para la gestión de la contratación de servicios y encomiendas de gestión, similar al que posee la Administración General del Estado y que fue aprobado mediante instrucción del Secretario de Estado de Administración Pública en diciembre de 2012".

A su juicio, ese protocolo debe incorporar, además, "un apartado específico para las becas que impliquen colaboración, ya que muchas de las que se convocan no disponen de ninguna de las características propias de una beca: no tienen tutores, no reciben formación y no generan ningún resultado académico".

Marín explica que estos tres casos de la Universidad de La Laguna son consecuencia de "errores y despistes", pero advierte de lo que ocurre en otras instituciones con frecuencia. "Son conocidos los casos que desde hace años permiten algunas administraciones canarias: contratan personal de forma temporal y discrecional entre afines políticos, conocidos, amigos o familiares, y después favorecen sus demandas judiciales para facilitar que se les reconozca como trabajadores indefinidos sin haber sido sometidos a ninguno de los preceptos esenciales que marcan las leyes: publicidad, igualdad, libre concurrencia, mérito y capacidad", subrayó.

"En el caso del gobierno de Canarias la cifra de personal que accedió de esta manera al empleo es muy considerable, con diferente incidencia entre las consejerías: en unas se ha producido más que en otras igual que en cabildos y ayuntamientos", denunció el responsable sindical.