Los vecinos de Bajo la Cuesta presentaron un recurso de reposición del decreto de la Alcaldía de Candelaria por el que se acepta, con condiciones, el proyecto de ejecución de obras en el acantilado que presentó la compañía Endesa, como titular parcial del talud en el que se registra el peligro de desprendimiento que causa la orden de desalojo del lugar.
En dicho decreto se establece un plazo de tres meses "pero no se deja claro si es el periodo de duración de los trabajos o de conclusión de los mismos". El abogado de los vecinos de Bajo la Cuesta, José Ortega, señala en el recurso de reposición que "esto transforma la cláusula en inútil".
Otro de los motivos por los que los afectados recurren el decreto es que en el proyecto se refleja que "no incluye el aseguramiento estructural de las cuevas existentes, por lo que ni Unelco (Endesa) ni el equipo redactor del presente proyecto se responsabilizan del posible hundimiento del terreno que pudiera sobrevenir como consecuencia de dichas cuevas excavadas en el terreno". Alude así a las viviendas, construidas a partir de las cuevas que hay en el lugar.
José Ortega deja claro que eso supone una "turbia, preocupante, siniestra, torva, amenazante e inaceptable determinación".
A su juicio, es "muy contradictorio" que las obras que se plantean para garantizar la seguridad de los vecinos y de las viviendas "puedan tener como consecuencia que estas últimas resulten destruidas y, por tanto, los vecinos expulsados". Es decir, que ello "tendría como milagroso efecto que las aspiraciones de Costas (destrucción de las viviendas) y del Ayuntamiento de Candelaria (expulsión de los vecinos) se cumplirían de una sola vez, en forma fulminante y sin papeleo".
Se da la circunstancia de que los trabajos a acometer en el talud de Bajo la Cuesta "en principio, no deberían incluir acciones causantes de trepidación o vibraciones. Tal parece que las inquietantes advertencias se hayan hecho de propósito para causar la destrucción de las viviendas cueva sin tener que responder por ello".
El abogado de los residentes en el barrio, agrupados en la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, solicita la nulidad parcial del decreto de la Alcaldía en los aspectos que motivan el recurso de reposición.
La inquietud entre los habitantes de este núcleo costero de la Villa Mariana va en aumento, por lo que también remitieron al Juzgado de Instrucción de Güímar el documento trasladado al consistorio para su unión a las diligencias previas que en el mismo se tramitan como consecuencia de varias denuncias formuladas contra la alcaldesa.