El Juzgado de Primera Instancia número tres de La Laguna ha condenado a la empresa Mejías y Rodríguez S.L. al pago de 527.161 euros más intereses a la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa), según un edicto que fue publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La sentencia, para la que cabe recurso de apelación, tiene su origen en una promoción de viviendas de finales de los años 90 en la zona de La Higuerita, completaron fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna, que detallaron que ocurrió que los propietarios empezaron a apreciar vicios ocultos en la construcción y que, ante eso, la comunidad denunció al constructor y, de manera solidaria, al promotor de la obra (Muvisa).

Años después, el juzgado condenó a ambos, si bien Mejías y Rodríguez no abonó los costes, lo que llevó a que los tuviese que sufragar solidariamente la Sociedad Municipal de Viviendas, que más tarde presentó denuncia contra la otra parte, relataron desde el Consistorio lagunero.

El criterio de Muvisa es que quedó probado que eran vicios ocultos de la construcción, y ahora el juzgado le ha dado la razón en este caso, en el que la empresa que realizó los trabajos tendrá también que asumir las costas, según la publicación del BOC.

En conclusión, a consecuencia del fallo judicial, Mejías y Rodríguez tiene que devolverle a Muvisa lo que esta pagó en su día a unos dueños que, eso sí, tienen solución a su problema desde hace años. Y es que la comunidad recibió el dinero para resolver los desperfectos, mientras que el promotor y el constructor entraron en un litigio para el que el Juzgado de Primera Instancia número tres de La Laguna dictó sentencia el 15 de marzo.

Cabe indicar sobre la publicación recogida en el Boletín Oficial de Canarias que hace referencia al "demandado en paradero desconocido D./Dña. Mejías y Rodríguez S.L.", sobre el que también se señala que está "en situación de rebeldía procesal".

En general, ha sido un proceso largo. Fue alrededor de 2008 cuando se produjo la primera sentencia (la que obligaba a las partes a asumir los desperfectos que estaban padeciendo los propietarios), que, ya de por sí, se demoró durante años. Nuevamente ha sucedido lo mismo con esta otra determinación, que podría suponer unos ingresos cuantiosos para esta sociedad pública municipal constituida en 1994 y que tiene como finalidad principal llevar a cabo la competencia municipal de promoción y gestión de viviendas.