El Gobierno canario vería "con buenos ojos" que el resto de administraciones públicas del Archipiélago concedieran permisos por embarazo a sus trabajadoras desde la semana 37 de gestación, una medida que el Ejecutivo aprobó hace unos meses. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, defendió ayer la autonomía de los ayuntamientos y cabildos, pero también aseguró que el Gobierno está "totalmente abierto" a elaborar la normativa necesaria para extender este reconocimiento si así lo solicitan las federaciones de Islas (Fecai) y municipios (Fecam).
Afonso mostró está disposición al contestar a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria Socorro Beato durante la Comisión de Gobernación del Parlamento regional. El consejero precisó que la ampliación de este derecho a otras administraciones requiere del desarrollo de "un texto de rango legal".
El Consejo de Gobierno acordó en una sesión celebrada a mediados de marzo la concesión de un permiso retribuido a las empleadas públicas de la Comunidad Autónoma a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto. En los casos de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse desde el primer día de la semana 35.
Según el Ejecutivo, con esta medida se equiparan los derechos de las empleadas embarazadas de la Administración autonómica con los de las trabajadoras del Estado. Este permiso se suma a otros en materia de maternidad, como el permiso por parto, el que se otorga para los exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, el de lactancia, el de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa requiera hospitalización tras el parto y el permiso por adopción.
La comisión parlamentaria incluyó también una comparecencia del propio Aarón Afonso a instancias del grupo Podemos, cuya diputada Concepción Monzón denunció el incumplimiento de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por el Gobierno y el "abuso" de figuras como las atribuciones temporales de funciones. La parlamentaria opositora admitió que esta situación se debe en parte a las restricciones en materia de personal -derivadas de las normas dictadas por el Ejecutivo central-, pero también la atribuyó a "triquiñuelas" para que unos empleados tengan mejores condiciones que otros.
Monzón puso varios ejemplos, la mayoría de ellos relacionados con la Consejería de Agricultura -a la que está vinculada profesionalmente-, y alertó sobre la "desigualdad de oportunidades" entre los trabajadores que estas situaciones producen.
Por su parte, Afonso alegó que estos casos representan una minoría en relación a los más de 11.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Aunque reconoció "disfunciones" -cuyas causas achacó a los recortes y limitaciones del Estado-, negó que se haya actuado con arbitrariedad.