La justicia ha dado la razón "por primera vez en Canarias" a un paciente al que se le implantó una prótesis de cadera defectuosa de la marca Johnson and Johnson. El juzgado de instrucción número 3 de Puerto de la Cruz ha decidido que el afectado debe recibir casi 200.000 euros por ello, además del pago de las costas. Esta sentencia, con fecha de 31 de mayo de 2016, se une a "cuatro más" dictadas en otras comunidades autónomas y que obligan a esta u otras empresas fabricantes de prótesis a pagar a los afectados.
La Agencia Española del Medicamento alertó en 2010 de que el roce o fricción del material de estas prótesis podía provocar la liberación de iones en sangre -micropartículas de cromo y cobalto- que al entrar en el torrente sanguíneo podían ser nocivas para la salud. A pesar de esta advertencia, los potenciales afectados, más de 90.000 en todo el mundo y más de un centenar en las Islas, no fueron informados, explica Emilio Ortiz, abogado de la causa, que lamenta que el Gobierno de Canarias "no haya facilitado información". El letrado, aunque es consciente de que la decisión judicial es recurrible, considera que este fallo es un paso fundamental para la lucha del colectivo, porque la justicia sigue demostrando que "estas personas tienen derecho a ser indemnizadas".
Además, "es la primera vez en un caso de similares características que el juez decide que se nos tienen que pagar las costas", subraya Ortiz. Este hecho es "muy relevante" porque las pruebas periciales a las que hay que someter las prótesis son muy costosas. "Para nosotros es un soplo de aire", dice. No obstante, este despacho de abogados mantiene convenios con distintas instituciones, entre ellas la Universidad de Barcelona, para realizar el peritaje. Estos acuerdos permiten que se puedan sufragar los casos sin cobrar a los afectados hasta que haya una condena, sostiene.
La indemnización que aparece en la sentencia -197.698 euros- podría crecer en los próximos días. El abogado tiene previsto pedir hoy una aclaración de la sentencia, porque sostiene que ha habido un error a la hora de sumar las cantidades que componen la indemnización. De confirmarse el error, la cuantía superaría con creces los 300.000 euros. A ese montante habría que añadir el cálculo, aún pendiente, de las costas, que, según Ortiz, elevarían por encima de los 400.000 euros la indemnización. El paciente había solicitado inicialmente 424.573 euros. El despacho ha logrado sentencias más cuantiosas, pero también inferiores. Intervienen muchos factores a la hora de cuantificar el daño, entre ellos, si la lesión ha obligado al paciente a adaptar su vivienda.
La Plataforma por la Dignidad, que ha sido una de las entidades que ha exigido transparencia a la Administración en este asunto, valoró ayer el logro como un paso importante para el resto de damnificados.