La Administración General de la Comunidad Autónoma registró el año pasado la baja de 173 funcionarios y solo la incorporación de 21 funcionarios interinos. En ejercicios anteriores se contabilizaron "cantidades similares", debido a las restricciones a la convocatoria de ofertas de empleo público y las limitaciones del gasto público impuestas por el Gobierno central y las medidas de ahorro aplicadas por el de Canarias. Ahora, el Ejecutivo regional pretende revertir esta situación con un Plan Parcial de Ordenación de Recursos Humanos que persigue recobrar el empleo público perdido en estos años y contener la pérdida de más trabajadores.
Este instrumento -aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y promovido por las consejerías de Presidencia y Hacienda- se fija como principal objetivo la "progresiva" recuperación de los puestos de trabajo que se han quedado vacantes. De hecho, está pendiente la oferta de empleo público de 2015, pero hasta que esta se ejecute será necesario "atemperar" la pérdida de efectivos mediante "medidas coyunturales", entre ellas la cobertura por personal interino de los puestos y funciones considerados prioritarios.
El programa contempla restringir las autorizaciones a nuevos funcionarios para que desempeñen puestos en otras administraciones públicas mediante comisiones de servicios, que a partir de ahora tendrán carácter "excepcional". Asimismo, el Gobierno se propone flexibilizar las condiciones para que los empleados prolonguen el servicio de forma voluntaria, por el plazo máximo de un año, tras la jubilación, tal y como establece la Ley de la Función Pública Canaria.
El plan recoge también la "adaptación progresiva de los puestos de trabajo de los departamentos y organismos autónomos" a "las funciones que efectivamente realizan sus ocupantes", así como suprimir la limitación de los vacantes en las reformas de las relaciones de puestos de trabajo.
El Gobierno "peleará" para no indemnizar
El Gobierno de Canarias "peleará para preservar el erario público" ante las demandas por la moratoria turística, por las que diversos promotores turísticos reclaman indemnizaciones valoradas en 1.000 millones de euros, informa Efe. Así lo aseguró ayer la portavoz del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por las reclamaciones millonarias a las que aspiran diversos promotores turísticos por no poder ejecutar proyectos debido a la moratoria. La también consejera de Hacienda manifestó que las sentencias favorables a los intereses de los promotores "no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir las compensaciones millonarias". Para Dávila, estos pronunciamientos judiciales "vienen a dar la razón al actual Gobierno sobre los riesgos que se derivan de la maraña normativa del vigente modelo de ordenación del territorio".