Medio centenar de familias del bloque 101 de Las Retamas (Ofra-Costa Sur) vive "una pesadilla desde hace seis meses con el área de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz", según un portavoz. En diciembre pasado, los propietarios de este edificio de los años 70 -en su origen viviendas sociales- estuvieron casi todo el mes con la cuenta embargada por "una inexistente deuda tributaria de 5.000 euros con un primer embargo de 3.911; nos enteramos cuando la cuenta ya estaba bloqueada y las empresas que nos prestan servicio no podían cobrar".

La mayoría de estas personas, aseguran las fuentes, "son jubilados, de baja renta, y ni siquiera pueden contar con administrador. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que la mayor parte de las deudas reclamadas, referidas al IBI de una antigua portería, correspondían a direcciones de otros edificios, no del suyo".

Finalmente, añaden, "el ayuntamiento ejecutó un embargo de 1.500 euros, por el IBI de 2003 a 2008, pero al consultar el expediente administrativo, los afectados comprobaron, además, que nunca les fue notificada tal deuda porque el aviso se remitió a otra dirección que no es la suya".

Por si fuera poco, del IBI de los años 2003, 2004 y 2005, "que el Consistorio les ha cobrado indebidamente, no existe ni un solo trámite de reclamación previo en el expediente administrativo, pues solo aparecen estos conceptos en un listado del último folio, un indicio más de ilegalidad".

La amenaza de otro embargo se cierne sobre estos vecinos, ya que en 2014 y 2015, "cuando fueron a pagar el IBI en período voluntarios, el consistorio no les daba la carta de pago. Hasta tres funcionarios de las oficinas de Ofra y La Granja les indicaron que no se preocuparan, que era un problema con la emisión achacable a Hacienda y que ya les llegaría, sin recargo".

Esta deuda sí la reconocen los vecinos de este bloque de Las Retamas. A fines de 2015 les llegaron las cartas de pago del IBI de esos dos ejercicios, más la tasa de basura de cuatro años que por primera vez les reclamaban, porque la portería lleva décadas deshabitada: en total, 825 euros.

En diciembre, cuando acudieron a abonar la deuda y a pedir su fraccionamiento, ya se había producido el embargo. El servicio municipal de Tributos, "ha ahogado aún más a la comunidad, dictando una providencia de apremio para el nuevo pago, algo injusto", apuntan los afectados.

"De nada han servido -concluyen- los escritos remitidos en diciembre, enero, febrero y abril para advertir de las graves irregularidades cometidas, ni la denuncia tramitada ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones o la reunión que la directiva de la comunidad celebró en marzo con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez. El pasado 9 de mayo, tras recibir la providencia de apremio para el pago de 825 euros, 907 con el recargo, la comunidad volvió a solicitar una reunión con el concejal. "Hoy (por ayer) después de un mes y hacerlo público se han puesto en contacto con nosotros", concluyeron.