El presidente del Gobierno de Canarias reunió ayer su Consejo Asesor, formado por los representantes de las patronales y de los principales sindicatos, para presentarles el anteproyecto de Ley del Suelo y encontró el respaldo de los empresarios y la advertencia de movilizaciones por parte de las centrales si al final se impone sin consenso.
El Ejecutivo accedió a que sus técnicos celebren una reunión con los técnicos de los sindicatos y de la Plataforma Contra la Ley del Suelo antes de resolver las más de 130 alegaciones presentadas al texto y remitirlo al Consejo Consultivo.
El viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, dijo que ha habido unas 70 reuniones con colectivos y se mostró convencido de que los grupos introducirán mejoras al texto durante su tramitación en el Parlamento regional. Barragán elogió la actitud positiva de los sindicatos y aseguró que durante la reunión con el presidente no manifestaron "ningún elemento frentista".
Frente a las reticencias sindicales por la aprobación final del planeamiento por parte de ayuntamientos y cabildos que regirá según esta nueva ley, Barragán precisó que los informes de la Cotmac seguirán siendo vinculantes cuando se trate de competencias de la Comunidad Autónoma.
Gustavo Santana, secretario general de UGT, declaró que el Gobierno no planea introducir modificaciones sustanciales en la fase de alegaciones al texto ya presentado y pidió que se retire el anteproyecto para proceder a elaborar uno sin prisas y basado en el consenso y la participación.
Las principales discrepancias se centran en el riesgo de romper la cohesión territorial y el crecimiento armónico y sostenible si se ceden competencias plenas sobre el planeamiento a los consistorios.
Carmelo Jorge, secretario general de CCOO Canarias, aseguró que tanto los sindicatos como los colectivos ciudadanos están dispuestos a movilizarse en contra de este anteproyecto de ley si no son escuchados.
El presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, lamentó el "inmovilismo" de quienes quieren mantener el actual modelo de legislación del suelo, que a su juicio ralentiza la inversión y la creación de empleo, y defendió la mayoría de edad de los ayuntamientos y cabildos para decidir bajo la premisa de que seguirá sometido al control de legalidad. "Si un ayuntamiento no es capaz de aprobar su planeamiento no debe existir y debe fusionarse con otro", dijo.
Barreto: no ha habido aportaciones sindicales
Los sindicatos UGT y CCOO no han presentado ninguna alegación a la Ley canaria del Suelo pese a haber anunciado ayer posibles movilizaciones en su contra, según explicó a Europa Press la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto. Asimismo, ambas organizaciones han preferido no participar en reuniones bilaterales ni en las mesas técnicas que el Ejecutivo ha organizado, añadió Barreto. El plazo de alegaciones finalizó el 26 de abril.
Trujillo: "barra libre" para la corrupción
El coordinador general de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, reclamó
ayer al Gobierno la retirada del anteproyecto de la Ley del Suelo, porque constituye "la barra libre para la corrupción" y un regreso "al desarrollismo desbocado de los años setenta", aseguró en declaraciones recogidas por Efe.