El Gobierno central no ha respondido aún a la solicitud de compensación planteada por Canarias tras convertirse en una de las pocas comunidades autónomas que han cumplido el objetivo de déficit marcado para 2015. Ante esa falta de contestación, el Ejecutivo regional ha decidido actuar por su cuenta y elevar su techo de gasto para destinar más recursos -procedentes de su propia recaudación- a los servicios públicos y atender algún compromiso pendiente.

El Gobierno autonómico ha recalculado la regla de gasto en función del resultado positivo de la liquidación del ejercicio del pasado año y de la buena evolución de los ingresos en el primer trimestre del actual, lo que le permitirá invertir 123 millones de euros en abonar a los empleados públicos el 50% de la paga extra de 2012 suprimida por el Estado y en reforzar los servicios esenciales.

El anuncio fue realizado ayer por el propio presidente Fernando Clavijo tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El jefe del Ejecutivo dio cierto tono de desafío a su intervención -"el Gobierno de España no tiene por qué tener conocimiento de esto", dijo cuando se le preguntó si ha comunicado la decisión al Ejecutivo central-, aunque la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguró que el gasto previsto no supondrá, "en ningún caso", que se supere el objetivo de déficit ni la regla de gasto fijados por el Gobierno central.

La disponibilidad de estos fondos se articulará mediante una ley de crédito extraordinario que deberá llegar al Parlamento de Canarias en julio. El destino exacto de los 123 millones está todavía por determinar. Cada departamento trasladará sus prioridades a la Consejería de Hacienda. En cualquier caso, tendrán que estar relacionadas con "los servicios públicos esenciales" -educación, sanidad, justicia, políticas sociales-, con lo que Dávila insinuó la viabilidad de que la ley pueda facilitar los seis millones de euros que el presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) ha pedido para favorecer la "supervivencia" del ente.

El Gobierno ni siquiera se atreve a adelantar la cifra -en principio más previsible- que alcanzará la partida necesaria para devolver a los funcionarios el 50% de la paga extra eliminada en 2012 y advierte de que precisa de más cálculos. "Tenemos que ser prudentes", dijo el consejero de Presidencia, Aarón Afonso. El abono del 25% de esta deuda en una ley de crédito anterior implicó el desembolso de unos 26 millones de euros.

Menos burocracia y silencio positivo

Cada consejería del Gobierno de Canarias debe elaborar antes del próximo 15 de octubre un plan de simplificación de los trámites administrativos. Esta es una de las previsiones contenidas en la Estrategia de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas aprobada ayer por el Ejecutivo autonómico.

Este instrumento -que fue presentado por el consejero de Presidencia, Aarón Afonso- prevé que los planes incluyan, al menos, las siguientes medidas: generalizar el sentido positivo del silencio administrativo, avanzar en la telematización de actuaciones administrativas, rebajar los plazos o tiempos medios de resolución, actualizar las actuaciones del Sicac (Sistema de Información Administrativa de la Comunidad Autónoma), revisar la documentación y los datos que se exigen en la fase de solicitud para identificar las cargas innecesarias para luego reducirlas o suprimirlas, evaluar la adaptación de trámites a la Ley del Procedimiento Administrativo, incrementar el número de actuaciones de respuesta inmediata (ARI) y poner en marcha un mínimo de formularios precumplimentados.

Afonso vinculó esta iniciativa con la Estrategia de Gobierno Abierto, que ya cuenta con un logo oficial, obra de Jorge Boullosa, estudiante de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez. Este diseño ha sido elegido de forma participativa. Por él se han decantado más de 830 personas, informó ayer la viceconsejera de Administraciones Públicas, Manuela Armas.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Aprobado el convenio de dependencia de Tenerife El Consejo de Gobierno autorizó ayer la firma del convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de estancia diurna a personas en situación de dependencia. El convenio cuenta con un importe de 47,8 millones de euros, de los que la Comunidad Autónoma aporta 31,1 millones y el Cabildo de Tenerife los 16,8 millones restantes. El Gobierno aportará un 65% al importe global del convenio y el Cabildo un 35%, detalla el Ejecutivo en un comunicado. Este acuerdo supone un crecimiento en el número de plazas sociosanitarias de dependencia de 397, más que la suma de los cuatro años anteriores. Entre 2012 y 2015 las plazas creadas fueron 332. De las 397 plazas, 223 son de tipo residencial y el resto de estancia diurna. A través del convenio se garantiza la financiación para Tenerife de 3.746 plazas residenciales y de estancia diurna.

660 alumnos, exentos de pagar las tasas de la PAU

El Consejo de Gobierno autorizó la modificación de crédito que permitirá a la Consejería de Educación incrementar por un importe de 49.000 euros la partida dirigida a sufragar las tasas de la prueba de acceso a la universidad (PAU) para estudiantes con dificultades económicas, una medida de la que se han beneficiado 660 jóvenes. Los alumnos de segundo de Bachillerato que hayan acreditado, en el centro donde cursan los estudios, que sus ingresos familiares no superan el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, quedaron eximidos de abonar las tasas correspondiente a la celebración de las pruebas.

Las ayudas del Plan de Empleo, más ágiles

El Consejo de Gobierno aprobó también el proyecto de decreto por el que se delega en la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, la competencia para autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas, por importe superior a 150.000 euros, que se concedan con cargo al Plan Especial de Empleo Social. Esta medida se enmarca en la urgencia de realizar los abonos a los municipios que se contemplan en el Acuerdo-Marco de colaboración establecido entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social.