Ante la defensa que el gobierno municipal hizo públicamente del cumplimiento de la legalidad por parte de los taxistas que actualmente desarrollan sus servicios en Adeje, la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje (Ataca) reclama "el cumplimiento estricto del requerimiento judicial dictado el 12 de abril pasado". A través del mismo, el juez exigió el cumplimiento de la sentencia dictada el 7 de enero de 2014 (declarada firme el 27 de febrero de 2015 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), que obliga al gobierno municipal adejero a retrotraer todas las actuaciones a las fechas de las denuncias que presentó Ataca pidiendo la revocación de 84 licencias de autotaxi.
En esa línea, desde este colectivo se exige al grupo de gobierno que deje de dilatar la aplicación de la orden del juez Jaime Guilarte Martín-Calero. El 12 de abril pasado fue cuando se emitió un auto en el que se ordenó a la Administración adejera la ejecución de la sentencia requiriéndose al secretario de la Corporación municipal para que en el pleno celebrado a finales de abril efectuara requerimiento personal al alcalde y al entonces concejal responsable de la materia. El funcionario municipal cumplió el mandato judicial y requirió a José Miguel Rodríguez Fraga y a la concejal Ermitas Moreira (el aludido en la sentencia no forma parte ya del Pleno) el cumplimiento de dicha sentencia.
Desde entonces, el Ayuntamiento de Adeje ha iniciado el estudio e investigación de 84 licencias de taxi para comprobar, tal y como indica la ley, que cumplen con los requisitos necesarios para continuar prestando este servicio en el municipio. Al respecto, el concejal de Transportes y Movilidad, Andrés Pérez Ramos, aclaró que "no se ha suspendido la actividad de ninguna licencia de taxi de nuestro municipio" matizando que "se han parado, de manera provisional, las posibles transmisiones de dichas licencias hasta que exista una resolución de los expedientes".
El Consistorio da audiencia a los titulares de las licencias afectadas por la medida judicial como uno de los pasos reglados en lo expedientes abiertos. Mientras, los integrantes de Ataca hacen uso de lo que denominan derecho de adquisición preferente sobre aquellas licencias que pudieran ser revocadas, medida que el gobierno municipal no ha adoptado. Andrés Ramos aclaró que "se trata de comprobar que todas las licencias cumplen con la regulación existente,