La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al Juzgado la imputación (ahora investigación) del alcalde de Tegueste, José Manuel Molina, por encontrar indicios de "un delito de malversación previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal" en la compra de un local situado en la planta sótano de un edificio de la calle Calvo Sotelo (ahora calle Casino) y un centro de transformación eléctrica propiedades de la constructora Gran Canaria y Tenerife SL.

Estos hechos se remontan a julio de 2009, según el propio escrito del fiscal Santiago Guibert, firmado el pasado 11 de abril.

En este sentido, el arquitecto municipal había emitido un informe sobre la tasación del sótano, propiedad en ese momento por la constructora Gran Canaria y Tenerife SL, que lo fijó en 296.403,48 euros, muy por debajo de los 431.622,15 euros pagados (135.219,27 euros de diferencia a favor de la propia constructora).

El fiscal da entender, además, que se justifica la compra del local en base a la ampliación de la escuela de música, cuya partida presupuestaria de ese año 2009 era de 504.000 euros.

En cambio, por el centro transformador el ayuntamiento de Tegueste pagó 135.445,97 euros, aunque posteriormente el ingeniero industrial de la corporación señalaría que su precio rondaría entre los 65.000 y los 70.000 euros, "muy por debajo de los 135.000 euros que autorizó pagar el alcalde sin tasación de técnico municipal en perjuicio de los caudales públicos", señala.

Es clave, además, que el centro de transformación también da servicio privado a 10 viviendas, 5 locales y zonas comunes y es el propio ayuntamiento quien asume las obligaciones de los mismos. De esa valoración de entre 65.000 y 70.000 euros, se "debería haberse reducido la parte proporcional" correspondiente a esos privados.

Por todo ello, el fiscal considera los hechos relatados "presentan indiciariamente caracteres de un delito de malversación previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal", proponiendo que declaren en calidad de investigados el alcalde José Manuel Molina y el representante de la constructora Gran Canaria y Tenerife SL (Luis Rodríguez Díaz).

Hay que recordar que el grupo municipal Sí Se Puede (SSP) intentó el año pasado que se creara una comisión de investigación por estos hechos, que fue rechazada por el pleno sin debatirse. Tras eso, la local remitió el asunto a los servicios jurídicos insulares, quien de manera independiente decidió ponerlo en manos de la Fiscalía, quien entendió que hay indicios de delitos.

Una "correcta actuación municipal"

Fuentes del Ayuntamiento de Tegueste aseguraron ayer al respecto de la acusación contra el alcalde José Manuel Molina por la presunta comisión de un delito de malversación que "desde la corporación local se ha enviado toda la información requerida por parte de la Fiscalía sobre los hechos denunciados, documentos entre los que se encuentran los informes técnicos y de tasaciones del local en cuestión en los que se constata la correcta actuación municipal, ya que la tasación se realizó de acuerdo a las leyes vigentes". Desde el gobierno local se asegura que en todo momento se ha actuado dentro de la legalidad y que la compra de los locales tenía su justificación debido a la necesidad de las mismas.