La Consejería de Sanidad justificó ayer el fraccionamiento de contratos y la adquisición de suministros sin partida presupuestaria por "prevalecer la asistencia sanitaria por encima del trámite jurídico". No obstante, subrayaron que no se han saltado "nunca" la legalidad vigente.

Así, los más de 50 informes del Consejo Consultivo emitidos los dos últimos años sobre expedientes de nulidad de compras de la Consejería de Sanidad se refieren a "una contratación por la vía de urgencia, en la que ha de prevalecer la asistencia sanitaria, sustentada en la Ley General de Sanidad y la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias", indicaron fuentes de este departamento.

Sin embargo, el diputado de Partido Popular (PP) Guillermo Díaz Guerra asegura que la Ley de Sanidad "no dispone de ninguna excepción a la Ley de Contratos".

Díaz Guerra detalló que sí existe un "procedimiento de urgencia" pero que este no exime de la licitación pública sino que "acorta los plazos". El diputado explicó que hay una tercera vía para los contratos públicos "de emergencia", que es "la que permite adjudicar a dedo en 24 o 48 horas". Asimismo, opina que tal procedimiento está pensado para situaciones inesperadas y graves, "como un gran brote de una enfermedad tropical", pone como ejemplo.

Por todo esto, subrayó que la urgencia a la que aluden "implica el respeto a la publicidad y a la prohibición del fraccionamiento". Solo afecta a los plazos, "que se acortan a la mitad", dijo.

"Fraccionar contratos y adjudicar sin contrato es absolutamente reprobable", opinó, para añadir que la Consejería de Sanidad "está bordeando el mandato de la Ley de Contratos, amparándose en esa supuesta urgencia".

Sanidad, sin embargo, se reafirma en que "controla el gasto de sus contrataciones que son supervisadas por los distintos órganos de fiscalización". Como ejemplo de dichos órganos pone a la Audiencia de Cuentas y al propio Consejo Consultivo que ha emitido más de 50 informes reprobando las prácticas de contratación del Servicio Canario de Salud (SCS). Tanto en el dictamen 128/2016 como en el 138/2016, el Consultivo califica de "incorrecto proceder" el "utilizar la nulidad de los contratos (vía excepcional y de aplicación restrictiva) como forma habitual de convalidar la contratación de suministros médicos, realizado con total desprecio a la normativa de aplicación".

Así, el diputado de Podemos Juan José Márquez considera que la respuesta de Sanidad referente a los organismos de control "contradice la realidad", ya que el Consultivo le ha manifestado "que no están haciendo las cosas bien". Podemos va a instar al Parlamento a realizar una auditoría externa de las concertaciones, dado que "la Audiencia de Cuentas admite que no tiene recursos" dado "el volumen de externalización".

Más de mil millones para contrataciones públicas

La Consejería de Sanidad explicó a EL DÍA que en los últimos años "el SCS ha tramitado varios expedientes de contratación centralizada" para fomentar el ahorro y mejorar "la eficiencia del gasto público". "El SCS, que destina anualmente más de mil millones de euros a crédito para diferentes contrataciones públicas, continuará trabajando en la línea de asegurar la asistencia sanitaria a la población", añadieron. Por su parte, el diputado de Podemos Juan José Márquez asegura que "el nivel de opacidad" de las cuentas del SCS es alto. "No hay control, no es cierto que estén siendo supervisados", afirmó, en referencia a los informes del Consultivo y a la Audiencia de Cuentas.