Han pasado 22 años desde que un 18 de marzo de 1994 el edificio Imperial, situado en la calle La Marina de Santa Cruz de Tenerife, se colapsara y tuviera que ser desalojado. Finalmente el inmueble acabó siendo derribado por decisión del ayuntamiento, tras declararlo en ruinas.

Después de largas batallas judiciales, los tribunales han emitido su última palabra y certifican que los constructores y arquitectos deberán abonar cerca de 800.000 euros a los antiguos propietarios. En realidad, ha pasado tanto tiempo que serán los herederos de los arquitectos Félix Sáenz Marrero y Francisco Aznar Ortiz los que tendrán que hacer frente a estas cantidades.

El Imperial era una especie de "Titanic" de la arquitectura chicharrera. Un edificio construido en 1974 en pleno centro de la ciudad que con siete alturas desde un principio adquirió carácter de emblemático. Pero lo cierto es que su estructura presentaba importantes deficiencias desde un primer momento y que estas se fueron agravando con el tiempo.

La sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) acaba de emitir una sentencia a través de la cual ratifica otra anterior de la Audiencia Provincial del año 2013. El TS descarta entrar a analizar el recurso de los herederos de los arquitectos al considerar que aunque el montante total de indemnizaciones supera los 600.000 euros exigibles para que el Supremo estudie el asunto, en realidad se trata de cantidades individuales mucho menores.

Los fallos judiciales emitidos hasta ahora certifican que las principales causas del colapso fueron la construcción de un ático ilegal, la poca calidad en el hormigón utilizado y fallos en 344 de los 440 pilares.

Desde un primer momento los ahora condenados achacaron lo ocurrido al conocido como pilar 26, que había sido manipulado días antes del desplome, pero en realidad esta fue tan solo la última causa del colapso, no la principal.

En ese momento el inmueble ya presentaba deficiencias de todo tipo, tanto en lo que se refiere a la estructura horizontal como a la vertical. Los peritos también certificaron la deficiente calidad del hormigón empleado, así como que las humedades oxidaron el hierro y reventaron este material.

A todo ello hay que sumarle un uso inadecuado de algunas oficinas como almacenes o colocación de dobles atezados y pavimentos. Cada uno de los reclamantes recibirá cantidades que oscilan entre los más de 100.000 euros a los 6.000.

Curiosamente, años después de lo ocurrido, el edificio alcanzó de nuevo notoriedad justo cuando más recrudecía la polémica sobre la figura del fuera de ordenación, en la que precisamente se encontraba catalogado el inmueble. Y es que en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) el Imperial perdía alturas, con lo cual no resultaba rentable su reconstrucción.

El ayuntamiento intentó hacer una excepción para que recuperase sus pisos originales pero ya era demasiado tarde. Finalmente, los propietarios, en el mejor de los casos, optaron por la subasta y la venta a una empresa que ha ido adquiriendo los derechos.

Todo ello ha dado lugar a que los vecinos hayan visto cómo se depreciaban unos pisos de casi 200 metros cuadrados cuyo valor llegó a alcanzar casi el medio millón de euros.