La juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha rebajado de 35 a 3,2 millones de euros la fianza que su antecesor, Salvador Alba, impuso al empresario Miguel Ángel Ramírez en la causa que se sigue contra él por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
En este procedimiento se investiga si el empresario grancanario defraudó 13,78 millones de euros al erario público entre 2008 y 2013 al pagar a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria sistemáticamente las horas extras como dietas, que no tributan.
En dos autos dictados esta mañana, a los que ha tenido acceso Efe, la actual instructora del caso declara prescritos los cargos que afectan al año 2008 y acuerda continuar el caso con los ejercicios fiscales comprendidos entre 2009 y 2013.
Asimismo, sobresee las indagaciones realizadas sobre un posible delito contra los derechos de los trabajadores, lo que priva a USO de la condición de acusación particular y le obliga a ejercer la acción pública (condición en la que podría verse obligado a aportar una fianza, al denunciar hechos que no le afectan de forma directa).
Este procedimiento ha tenido hasta ahora tres jueces instructores: Victoria Rosell, Salvador Alba y Carla Vallejo.
Los dos primeros están en la actualidad incursos en procedimientos penales por su actuación en el caso: Rosell, acusada por el exministro José Manuel Soria de haber retrasado la instrucción movida por intereses personales, y Alba, investigado porque presuntamente ofreció beneficios a Ramírez a cambio de que declarara cuestiones que perjudicaban a la exdiputada de Podemos.