Después de varios meses realizando una investigación pormenorizada, recabando abundante documentación del Ayuntamiento de Guía de Isora e interrogando a varios efectivos de la plantilla, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no hay motivos para acusar al alcalde isorano, Pedro Martín, de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

Con ello, la Fiscalía cerró el expediente abierto a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones Locales de Canarias (Asipal-CSL) en Guía de Isora, informando de actuaciones vinculadas a la gestión de la Policía Local sobre las que se advierten de presuntos delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda y la Seguridad Social, infidelidad en la custodia de documentos, dejación de funciones, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Ni uno solo de esos supuestos hechos encuentran respaldo en la resolución de la Fiscalía Provincial. Para el fiscal, está plenamente justificada la actuación del alcalde y de la Administración municipal presidida por Pedro Martín.

Uno de los casos denunciados era el referido al hecho de que quien tramita las multas "no tiene la condición de funcionario" y a que "en multitud de ocasiones no se cumplimenta la tramitación de los expedientes sancionadores de multas de tráfico, especialmente en los supuestos de denuncias por consumo de alcohol".

La Fiscalía desmiente tal extremo llegando a asegurar que no solo está justificada la imposición de las multas, sino que las mismas sí se tramitan llegando a registrarse casos en los que, incluso, fueron cobradas con la imposición de los recargos a que hubiere lugar.

Los supuestos hechos denunciados por Asipal ante la Fiscalía abarcaban los últimos tres años. En ellos se incluyó el supuesto cobro, por parte del alcalde de Guía de Isora, "de las dietas por kilometraje, no obstante realizar habitualmente sus desplazamientos en un vehículo patrulla de la Policía Local y actuando como chófer un agente". Tampoco este aspecto encontró respaldo en la Fiscalía, que determinó el correcto proceder del alcalde.

Indemnizaciones en concepto de asistencia a juicios y gastos de viaje anejos a los policías isoranos, la reducción de retribuciones durante bajas laborales por incapacidad transitoria, conculcación de derechos sindicales, incumplimiento en la tramitación de multas de tráfico, comentarios despectivos y amenazas son algunas de las cuestiones que documentó ante la Fiscalía el representante de Asipal, José Francisco Rodríguez. Sin éxito, porque el Ministerio Fiscal dio carpetazo al asunto.