Un grupo de propietarios del edificio Imperial que sufrió un derrumbe en el año 1994 han acudido a los tribunales con el fin de que los herederos de los arquitectos y la empresa constructora les abonen definitivamente los cerca de 800.000 euros que una sentencia fijó como indemnización.

El edificio Imperial estaba situado en pleno centro de Santa Cruz, en el barrio de El Toscal, ocupaba más de mil metros cuadrados y tenía siete alturas. Pese a que estaba considerado un inmueble emblemático, lo cierto es que desde un principio presentó graves defectos constructivos que se plasmaban en la poca calidad del hormigón, humedades, fallos en la gran mayoría de los pilares y la construcción de un ático ilegal.

El abogado de este grupo de vecinos, Andrés de la Vega Alcañiz, señala que no les ha quedado más remedio que acudir a los tribunales dado que la veintena de herederos han llevado a cabo diversas estratagemas para eludir sus obligaciones.

Recientemente el Tribunal Supremo (TS) rechazó un recurso de los condenados para hacer frente a los pagos al considerar que efectivamente en un 70% las deficiencias del edificio tienen su origen en el momento mismo de su construcción. Otro 29% es atribuible a los vecinos en cuanto que no emprendieron las reformas precisas, a pesar de tener conocimiento de los problemas estructurales a través de un informe pericial hecho cuatro años después de haberse acabado la obra. El 1% sería responsabilidad del Instituto Nacional de la Vivienda.

Lo cierto es que transcurridos 22 años desde que el 19 de marzo de 1994 el edificio tuvo que ser desalojado ante la inminencia del colapso, nadie ha recibido cantidad alguna. Hasta ahora el único resultado ha sido un inacabable proceso judicial que en su parte principal acaba de terminar con la reciente sentencia del Supremo. Sin embargo, dadas las dificultades para percibir las indemnizaciones los afectados han tenido que recurrir de nuevo a los tribunales.

De La Vega considera "ejemplar" la acción que en aquel momento desarrolló el ayuntamiento, cuyo alcalde era José Emilio García Gómez, en cuanto procedieron a la declaración de ruina del edificio. Acto seguido el inmueble fue rápidamente demolido, lo que supuso un coste de 750.000 euros que tuvieron que afrontar los propietarios.

La sentencia de primera instancia fijó las indemnizaciones y atribuyó el grueso de las responsabilidades a la constructora y a los arquitectos Félix Sáenz Marrero y Francisco Aznar Ortiz, hoy fallecidos. En la Audiencia Provincial se eliminó la posibilidad de aplicar los intereses de demora, lo que hubiese hecho que las cantidades fueran inasumibles dado el tiempo transcurrido. Pero, además, dedujo de las indemnizaciones un 10% por la eliminación del conocido como pilar 26 poco antes del colapso y que sí fue responsabilidad de la comunidad de propietarios. Esta es considerada la causa última, aunque no la única, del colapso.

De La Vega ha llevado el recurso de la mayor parte de los propietarios dado que él mismo tenía su despacho profesional en este edificio. Considera que después de dos décadas se ha entrado ya en la parte final de este litigio, aunque no puede determinar si finalmente el inmueble volverá a ser reconstruido.