El Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de la nueva Ley del Suelo, con un articulado que considera "participativo y más claro", una vez estudiadas las 129 alegaciones que se han recibido y tras varias reuniones con colectivos interesados en esta materia.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad regional, Nieves Lady Barreto (CC), informó de la aprobación del proyecto y de su remisión al Consejo Consultivo, que en el plazo de un mes deberá emitir su dictamen para su posterior traslado al Parlamento.

La consejera recordó que el texto de esta reforma legislativa ha estado más de dos meses a exposición pública, desde el 22 de febrero hasta el 26 de abril, tras acordarse su ampliación.

Barreto confió en que en la tramitación parlamentaria de esta ley se mantenga la participación ciudadana que ha tenido durante la elaboración del anteproyecto, algo que destacó por su novedad la consejera, quien espera que el desarrollo de sus reglamentos se tenga lo "antes posible".

Entre ellos figura el relativo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), "que se mantiene en vigor de momento".

También recalcó que se han tomado aportaciones de la "inmensa mayoría" de las 129 alegaciones presentadas por organizaciones sindicales, ciudadanas y empresariales, así como de otras administraciones.

La reforma que busca la nueva ley es "completa" y se proyecta sobre la regulación de la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística.

El Ejecutivo destaca que, en línea con varias alegaciones, el texto incluye una reformulación de la participación ciudadana y regula su contenido, derechos y deberes, así como las responsabilidades de las administraciones públicas. El proyecto incorpora un nuevo artículo sobre derecho de información urbanística. En cuanto al nuevo principio de "compensar por conservar", el Gobierno aclara que lo es por "la conservación con diligencia, no por mero cumplimiento del deber de conservar".

En cuanto al régimen jurídico del suelo, la norma mantiene la clasificación clásica de rústico, urbanizable y urbano, y establece que el suelo no clasificado como urbano o urbanizable sea en todo caso rústico, con el fin de reforzar esta clase de suelo.

Sobre el suelo urbanizable, su clasificación excepcional se limita a aquellos terrenos que sean imprescindibles para atender necesidades actuales que no puedan ser atendidas con las bolsas ya clasificadas vacantes, supuesto, por otro lado, poco probable, a juicio del Ejecutivo. En coherencia con ese criterio, se suprime la distinción entre urbanizable y urbanizable no sectorizado.

En cuanto a la valoración de las alegaciones y observaciones presentadas, Barrero se refirió también a la inclusión de referencias a la igualdad de género en los principios y criterios de intervención, así como la puesta en valor de lo agrario en el ámbito de los espacios naturales protegidos.

Requisitos para los proyectos de interés

El texto de la futura Ley del Suelo aprobado ayer por el Gobierno de Canarias introduce nuevos requisitos para los proyectos de interés insular y autonómico, como la exigencia de que la iniciativa tenga carácter estratégico por atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes, exigiendo su acreditación. Por otra parte, la norma precisa que la restricción de implantación en suelos ambientales queda exceptuada en actuaciones públicas cuando sea inevitable para asegurar su funcionalidad -como vías pública o conducciones hidráulicas-. Sobre los instrumentos de ordenación urbanística, el proyecto de Ley del Suelo diferencia los ordinarios de los complementarios.