El juicio por la obra del centro comercial El Trompo, en La Orotava, quedó ayer visto para sentencia después de casi 20 horas de declaraciones e intervenciones repartidas en cinco vistas celebradas en el Palacio de Justicia de La Laguna. La última jornada, dedicada a las conclusiones de las partes, se cerró sin sorpresas: las defensas solicitaron la libre absolución de los tres acusados -el exalcalde villero Isaac Valencia (CC), el empresario Ambrosio Jiménez y el secretario del Ayuntamiento de La Orotava, Juan Carlos de Tomás Martí-, y la Fiscalía y la acusación popular, representada por Pedro Fernández Arcila, mantuvieron su escrito de acusación y la petición de penas.

Debido al gran volumen de trabajo que acumula el Juzgado de Refuerzo encargado de este caso, no se espera que la sentencia se dicte antes de un mes y, según fuentes vinculadas al procedimiento, lo más probable es que llegue a partir del mes de septiembre.

La Fiscalía insistió en la clasificación del suelo en el momento del inicio de la obra -era rústico potencialmente productivo según el PGO de 1990-, recalcó que las modificaciones de hecho "no tienen cabida en el urbanismo" y rechazó el informe de Luciano Parejo que "dice que ese suelo de repente se hizo urbano".

A juicio de la fiscal, Jiménez sabía que estaba construyendo sobre suelo rústico, y el exalcalde Isaac Valencia "tampoco puede alegar desconocimiento". En su opinión, "se le debe exigir una diligencia mínima como autoridad pública" porque, además, "era responsable de disciplina urbanística".

Respecto al secretario municipal, la fiscal considera que no cumplió de forma correcta con su papel de asesor jurídico del ayuntamiento: "Sabía perfectamente que el suelo era rústico y que lo fáctico no existe en urbanismo".

Las defensas criticaron con dureza el informe del perito judicial que sostiene que el edificio de El Trompo incumple el actual PGO. De su medición depende si hay o no derribo parcial.

Valencia renunció a su derecho a la última palabra. Ambrosio Jiménez sí se dirigió al juez para asegurar que es "inocente" y que hizo aquella obra, que le costó "más de cien millones de euros", con "conciencia y sin idea de hacer ni un metro más ni menos".

De Tomás Martí también intervino para declarar: "En ningún momento tuve intención de hacer ninguna actuación alejada del ordenamiento jurídico (...) Siempre actué con el mejor criterio para conseguir la protección del interés público y doy las gracias al tribunal por habernos permitido expresarnos y defendernos".

las defensas

Ambrosio Jiménez. Su abogada insistió en que el delito contra la ordenación del territorio ha prescrito, y defendió la tesis de que el centro comercial no incumple el actual PGO.

Juan Carlos de Tomás. El abogado del secretario también negó la comisión de los dos delitos de los que se le acusa, y recalcó que su cliente defendió "un uso racional del suelo".

Isaac Valencia. El defensor del exalcalde pidió la prescripción del delito contra la ordenación del territorio y lamentó que la Fiscalía no haya detallado esa acusación. Respecto a la prevaricación, sostiene que "no firmó nada con informes negativos".