El Gobierno de Canarias ha iniciado un procedimiento por posible incompatibilidad en la dedicación exclusiva del concejal Iván González, del Partido Popular (PP), a quien el Ayuntamiento de La Laguna le autorizó que esa condición la llevase en paralelo al "ejercicio parcial" de otras actividades profesionales. Tras la circunstancia apreciada por la institución regional, el asunto lo está tramitando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Santa Cruz de Tenerife.

Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se han solicitado medidas cautelares y los Servicios Jurídicos del Consistorio lagunero han intercedido y presentado alegaciones. En el escrito de respuesta municipal, y antes de sostener que no hay motivo para la suspensión, se niega que con la actual situación del edil se dé un "perjuicio al interés público".

Fuentes oficiales del PP local señalaron ayer que esas acciones cautelares no han llegado a entrar en vigor, explicaron que lo ocurrido no es una situación excepcional y confiaron en que lo sucedido se acabe resolviendo a favor de los intereses de la organización conservadora.

Más en detalle, la cronología de los hechos empieza en 2015, cuando se le otorgó a González una dedicación exclusiva que acabó convirtiéndose en foco de conflicto en el seno del grupo popular, debido a diferencias de criterio de los otros dos concejales, Susana Fernández y Orlando Padilla, que no están liberados.

Quien fuese el número cuatro de la lista popular en las últimas elecciones planteó en su día, para que esa compatibilidad fuese posible, que el mantenimiento de su empresa dependía de su vinculación a ella: "Siendo uno de los cuatro socios de una sociedad mercantil, la cual, entre otros, incluye en su objeto social el asesoramiento laboral y fiscal, para lo cual presto mi titulación a dicha sociedad, me veo obligado a estar dado de alta tanto en el colegio profesional como en la Seguridad Social para que la sociedad pueda seguir prestando dichos servicios".

Según reza esa misma comunicación que Iván González remitió en diciembre al ayuntamiento, su dedicación externa a la corporación iba a ser de carácter "esporádico y residual". "En cualquier caso, dicho ejercicio profesional no interfiere de manera directa ni indirecta con el ámbito competencial del desarrollo del cargo público que ostento", defendía por entonces.