La plantilla del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha pasado a la ofensiva para tratar de evitar lo que parece inevitable: la disolución de esta empresa pública dedicada a la investigación y a su aplicación al desarrollo de tecnologías, acordada el lunes por su Consejo de Administración ante la falta de viabilidad financiera. Los trabajadores iniciaron el miércoles una recogida de firmas en la plataforma Change.org y en poco más de un día cosecharon los 2.500 apoyos que se habían marcado como objetivo.
La intención de los promotores de la iniciativa es que el Gobierno regional -que debe aprobar la liquidación del centro y cuyo consejero de Economía, Pedro Ortega, preside a su vez el Consejo de Administración del ITC- reconsidere su decisión y salve una sociedad que "sirve de avanzadilla para la internacionalización de las empresas canarias", "acumula un importante saber hacer en materia tecnológica y gestión de proyectos" y constituye "un polo captador de fondos".
El personal y la dirección negocian desde enero las medidas encaminadas a frenar el déficit del instituto. El Gobierno pretende que los trabajadores acepten una nueva reducción salarial tras la que asumieron en 2014 y 2015. Tras varios encuentros sin acuerdo, el Consejo de Administración ha iniciado el proceso de disolución sin ni siquiera esperar a la reunión fijada para el 22 de julio en el Tribunal Laboral Canario.
El personal alega que en los dos últimos ejercicios soportó un recorte de sueldos del 14% sin que en ese tiempo el Ejecutivo haya tomado ninguna medida para reestructurar y hacer viable el ITC. El Gobierno quiere, según la plantilla, que los trabajadores "sigan pagando el agua, la luz, los teléfonos y hasta el coste de los despidos para poder seguir trabajando".
El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, se mostró partidario el miércoles de que la I+D se canalice a través de las universidades.