Los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) aprobaron ayer una nueva bajada salarial que se suma a la que asumieron en los dos últimos años y que, por el momento, salva a la empresa pública dedicada a la investigación de una desaparición que hace solo unos días parecía inminente. Ante la apertura de un expediente de disolución por parte de la dirección del centro -entendida por los representantes de la plantilla como una amenaza-, la propuesta formulada por la Administración fue respaldada por 89 votos y recibió 46 en contra, un resultado que debe traducirse en la paralización del expediente, tal y como se comprometió a hacer el gerente del instituto, Gabriel Megías.
Pese a que, en principio, la aprobación de la oferta del Gobierno regional -la sexta presentada desde el inicio de las negociaciones, en enero- supone un respiro para el ITC, los sindicatos mantienen una actitud de cautela cercana al escepticismo. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Pedro Morena, alertó en un comunicado de que el propósito del Ejecutivo es "cerrar a cualquier precio" la empresa. Sin embargo, la organización sindical advierte de que la materialización de este objetivo es dudosa, puesto que existen informes jurídicos que avalan la supervivencia del centro.
Tanto Moreno como el portavoz del comité de huelga del Instituto, Antonio Ortegón, denuncian que la votación de ayer se desarrolló en un ambiente de "chantaje" y "coacción" por parte del Gobierno, que ha puesto al personal entre la espada y la pared y con solo 48 horas -en fin de semana- para meditar su decisión.
Para Ortegón, el sí al recorte salarial ha sido también un sí al "plan de desmantelamiento" del ITC que, a su juicio, ha concebido el Gobierno, y del que es una prueba la previsión de despidos implícita en la propuesta de reestructuración planteada, que contempla ajustar la actividad del centro a su financiación y los puestos de trabajo a la actividad. El hecho de que la propuesta del Ejecutivo descarte un expediente de regulación de empleo (ERE) no implica, para la representación de la plantilla, que no se despida a menos del 10% del personal.
El Ejecutivo no sostendrá "estructuras que no son útiles"
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, advirtió ayer al comité de empresa del Instituto Tecnológico de Canarias de que no está dispuesto a "sostener estructuras que no son útiles a la sociedad". En un encuentro con los medios de comunicación -anterior a la votación de la plantilla del Instituto-, Clavijo expresó su deseo de que se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores, si estos aceptan una serie de condiciones en materia de retribuciones que lo hagan "viable" como empresa pública, informa Efe. "En ningún caso se va a quitar dinero a la plantilla. Se les ha planteado incluso una ligera subida en el tiempo, pero los trabajadores quieren que se les suba más y en menos tiempo", dijo. La propuesta planteada por la dirección del Instituto representa un descenso en las retribuciones de algo más del 17% entre el momento de la firma del acuerdo y el próximo mes de febrero y de un 4% hasta el final de 2017. La plantilla ha recuperado desde comienzos del presente año la totalidad de sus retribuciones después de haber soportado una disminución del 14% durante 2014 y 2015, aprobada por los propios trabajadores para evitar un ERE en la empresa.